La decisión judicial consideró que el Poder Ejecutivo no acreditó circunstancias de "necesidad y urgencia" para modificar el régimen de naturalización de la Ley 346.
El Juzgado del Trabajo Nº 5 de San Juan declaró la existencia de un contrato de trabajo dependiente entre un repartidor y las firmas de plataforma digital, obligándolas a responder solidariamente por las indemnizaciones del despido y las prestaciones por un accidente laboral que le provocó una incapacidad permanente. En el caso se descartó que la utilización de vehículo propio o la facturación como monotributista configuren una relación puramente comercial autónoma.
La apoderada de una persona mayor de edad con discapacidad motriz, hipoacusia y usuaria de silla de ruedas promovió acción de amparo contra el consorcio de propietarios del edificio en el cual vive la persona mayor con el fin de que se instale una rampa de acceso o bien un dispositivo tecnológico al edificio conforme la normativa vigente de CABA.
A través de una cautelar innovativa, le ordenó a Swiss Medical cubrir los gastos de cirugía de reasignación de caracteres faciales a una mujer trans afiliada a la prepaga.
La justicia de Connecticut decidió sancionar a un abogado que intentó maniobrar a su favor una herramienta de IA, mediante una técnica conocida como “Prompt Injection” (Inyección Transparente).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado argentino vulneró el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, la garantía del plazo razonable y el derecho de la defensa a interrogar testigos en el proceso penal seguido contra los abogados Carlos Alberto López de Belva y Arturo Jorge Podestá. El caso tuvo origen en una causa judicial iniciada a comienzos de la década de 1990 en la Provincia de Buenos Aires.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió que el límite del 25% previsto en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación es inaplicable en los procesos de consumo, debido a que el beneficio de justicia gratuita impide a los profesionales cobrar el remanente a sus propios clientes.
El jugador sufrió fractura de tobillo, tibia y peroné por el mal estado de la alfombra sintética. El juez señaló que el contrato para el uso de un espacio deportivo es una relación típica de consumo y ordenó a la propietaria del establecimiento abonar la suma de 31 millones de pesos, destacando el incumplimiento del deber de seguridad por el estado de la cancha y falta de asistencia de urgencia.
El Máximo Tribunal dejó sin efecto una sentencia que había rechazado una demanda contra una cadena de farmacias por considerar insignificante el perjuicio económico generado por un sistema de redondeo. Sostuvo que ese razonamiento desnaturaliza la finalidad de las acciones colectivas y afecta el acceso a la justicia de consumidores y usuarios.
El Máximo Tribunal dejó sin efecto una sentencia que aplicaba retroactivamente una tasa moratoria con componentes destinados a compensar la inflación sobre un capital que ya había sido cuantificado a valores actuales.