A través de un plenario unánime, rechazó el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para el órgano de apelación, el fallo "trastoca por completo el sistema constitucional argentino" al habilitar a un tribunal local para revisar decisiones de los jueces nacionales
Un juzgado de Azul consideró que no se demostró que el impuesto resultara confiscatorio contra el patrimonio de los productores rurales, en tanto el impacto anual del tributo con relación a la valuación fiscal de las propiedades oscilaba entre un 5,52% y un 6,9%.
La decisión, firmada por la jueza Ángela Ledesma y el juez Juan Carlos Gemignani, hizo hincapié en la razonabilidad de los actos de gobierno, de progresividad en la ejecución de las penas privativas de la libertad y su finalidad de reinserción social. La decisión ya fue recurrida por el fiscal Raúl Pleé.
El juez porteño Guillermo Patricio Canepa consideró que una empresa turística incurrió en publicidad ilícita y le dio un plazo de 5 días para que rectifique las publicaciones.
El juez exhortó a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que se abstengan de expedir órdenes que impliquen una limitación arbitraria al derecho constitucional a la protesta social pacífica de las personas que se encuentren en la provincia de Buenos Aires y se dirijan a la marcha.
A fines de diciembre, PAMI les había comunicado que dejaría sin efecto el convenio de prestación, por lo que debían trasladarse a otro hogar. Ahora la Justicia Federal de La Plata le ordenó que continúe brindando la cobertura por el plazo de 3 meses.
Así lo dispuso un juzgado porteño, que tuvo en cuenta su calidad de seres sintientes y el derecho a la tutela judicial efectiva que también gozan los animales. Su custodia estará a cargo de una ONG que, si las condiciones físicas lo permiten, los reubicará en adopción responsable o los reinsertará en su hábitat natural.
La Cámara Federal de esa provincia confirmó que el tribunal cuyano, por haber inscripto primero un caso similar, es el que debe tramitar el planteo.
Fundó su negativa en que al estar demandado un órgano nacional el asunto no lo puede definir un tribunal local.
La decisión se adopta en el marco de una acción de amparo ambiental promovida por dos ONG.