- Friday 09 de October del 2026
El juez de la Cámara Criminal Federal cumple 75 años el próximo 18 de julio, pero el Gobierno no solicitó un nuevo acuerdo para que continúe en su cargo.
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal revocó una decisión de primera instancia y sostuvo que el Poder Ejecutivo no acreditó las circunstancias excepcionales que habilitaban el dictado del DNU 366/2025, que había desplazado a los jueces federales del otorgamiento de las cartas de ciudadanía.
La Sala III revocó el rechazo de una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Seguridad instruir a las fuerzas federales para que se abstengan de realizar actos de hostigamiento, bloqueo o dispersión de las actividades pacíficas conmemorativas a realizarse los días 25 y 26 de junio en el Puente Pueyrredón y la Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
La Cámara Civil y Comercial de Mercedes responsabilizó a la Provincia de Buenos Aires por una detención preventiva que consideró arbitraria e infundada. La mujer estuvo privada de su libertad durante dos años y treinta y cinco días acusada de instigar un robo seguido de homicidio, pero finalmente fue absuelta tras el desistimiento de la acusación fiscal.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal consideró que la reglamentación es "insuficiente" y discriminatoria al no contemplar la continuidad de la carrera de quienes ya integraban el Ministerio Público. El tribunal resaltó que se vulneró el principio de igualdad y el derecho a la carrera.
El fallo consideró que el incremento excesivo de las cuotas debido a la inflación afectaba el derecho constitucional a la vivienda.
La empresa que comercializa Philip Morris, Marlboro y Chesterfield deberá indemnizar en más de $40.000.000 a la familia de un hombre a causa de los padecimientos que sufrió por su adicción al tabaco.
La Justicia ordenó cautelarmente brindar total cobertura a una paciente para transferencia de embriones crioconservados ante la suspensión de servicios en La Plata de Accord Salud.
La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata en el caso de Sandra Ayala Gamboa condenó a la Provincia por la falta de vigilancia y control del inmueble donde ocurrió el crimen y elevó las indemnizaciones reconocidas a la familia de la víctima.
El tribunal declaró la nulidad de las resoluciones de la IGJ y del Ministerio de Justicia, al considerar que la entidad quedó bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
