Una decisión del Juzgado Federal Nº 1 de Salta ante el primer planteo contra la ley 27.610
Un grupo de habitantes habían presentado la acción. Allí argumentaron que la decisión del Poder Ejecutivo Nacional afectaba la seguridad personal de cada uno de ellos y la de sus familias. La jueza federal Rita María Ailán consideró que no tenían legitimación.
La demanda había sido originada por Cecilia Pando, a raíz de una publicación de la revista en 2010 por un fotomontaje de su persona en la contratapa.
Una sentencia de 2016 así lo estableció pero el Poder Legislativo todavía no cubrió la vacante.
El Máximo Tribunal denegó el recurso iniciado por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, luego del dictamen del Procurador General Eduardo Casal.
Una decisión de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Así lo dictaminó la Procuración General en el marco de una causa donde ANSES cedió datos de ciudadanos para que el Poder Ejecutivo lleve adelante acciones de comunicación.
Ello en cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinente y en el plazo de quince días máximo.
Una decisión de la Justicia Contencioso Administrativo bonaerense que, frente a la ausencia de norma específica, aplicó la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado por analogía.
La causa surgió a raíz de un acuerdo paritario que impuso una desventaja económica que perjudicó a la actora, condicionando la libre elección de los trabajadores municipales de la Provincia de Santa Fe respecto de su afiliación sindical.