- lunes 16 de febrero del 2026
El Máximo Tribunal dejó sin efecto una decisión de la Corte bonaerense que confirmó una pena de prisión de 9 años cuando en primera instancia se había sido condenado al menor a 3 años de prisión. Para ello, recordó que el precedente “Maldonado” y ratificó que las sanciones a adolescentes deben apuntar a la resocialización y a su reintegración en la sociedad.
Así lo decidió el juez federal Hugo Horacio Greca. Además, dispuso realizar una medida de reconocimiento judicial sobre ese camino.
La sentencia ordenó el cese de la explotación hidrocarburífera en el yacimiento Caimancito y el pozo Ca.e3, así como la ejecución de un plan de recomposición ambiental que deberá concluir antes de 2030.
En el marco de un pedido de acceso a la información pública que se judicializó, la justicia federal dispuso el acceso a la totalidad del expediente donde tramitó el DNU 179/2025.
La decisión adoptada por el juez federal Alejandro Patricio Maraniello admitió parcialmente el pedido de la hermana del presidente Javier Milei y Secretaría General de la Presidencia para que cese la difusión de audios que le habrían sido grabados en la Casa de Gobierno de manera presuntamente ilegal.
La resolución dispuso la invalidez integral del Título III del mencionado decreto, que reforma la ley de ciudadanía, con efectos restringidos al caso particular sometido a decisión.
El máximo tribunal provincial ratificó la nulidad de los decretos que declararon caduca la instancia administrativa en un reclamo por reconocimiento de antigüedad realizada por un policía. Para ello, sostuvo que la inactividad estatal no puede trasladarse al ciudadano, teniendo en cuenta además que la Administración solo debía dictar resolución sobre el fondo del asunto.
Fue al cerrar una demanda impulsada contra el Estado nacional para que se hagan extensivos los alcances del llamado "caso Badaro" a todo el colectivo de jubilados y pensionados que estaban en esa misma situación.
Así lo decidió la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Pergamino. Consideró que sin prueba de culpa profesional no corresponde responsabilizar al sanatorio ni a las médicas intervinientes.
La justicia solicitó al Colegio de Abogados de Rosario a fin de que adopte medidas para desalentar como práctica la generación de citas jurisprudenciales falsas con inteligencia artificial.
