- Sunday 23 de August del 2026
Se trata de la primera demanda judicial en la materia. Ingresó en el Juzgado Federal de Santa Rosa.
El tribunal revocó la decisión que denegaba la extracción de datos del teléfono incautado. Consideró que la cantidad no resulta “escasa” a los fines del consumo personal y que el hallazgo casual en una emergencia no invalida la medida bajo la doctrina del “plain view”.
El tribunal entendió que colocar un pasacalle ofensivo, arrojar estiércol y distribuir panfletos puede resultar reprochable, pero no alcanza el umbral típico exigido para configurar delitos como atentado contra el orden público, amenazas coactivas, incitación al odio político, falsificación de patente o malversación de caudales públicos.
La justicia de Paz de Rio Negro consideró que las molestias excedieron la normal tolerancia y configuraron un supuesto de antijuridicidad.
Así lo confirmó la justicia laboral en una causa iniciada por la Unión Docentes Argentinos (UDA), en la que señala que la suspensión cautelar de gran parte de la reforma laboral dictada en el caso "CGT" es de aplicación en este supuesto, confirmando la suspensión de la calificación de "servicio esencial" a la educación. La valoración de esencial obliga a garantizar una cobertura del 75% durante las medidas sindicales.
El Máximo Tribunal se expidió en un caso de asociación ilícita fiscal, donde reafirmó el rol del Congreso y expresó que los jueces “no pueden dejar de lado la ley cuando no están de acuerdo” con lo que allí se ordena.
Es en el marco de una causa por presuntas irregularidades en el cumplimiento de obligaciones tributarias y previsionales. La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, e incluye también a los dirigentes Pablo Toviggino, Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.
Una decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que ratificó la decisión del juez Cormick, en cuanto declara inaplicable el decreto presidencial que suspendía la ejecución de la ley de financiamiento universitario.
La Cámara de Apelaciones consideró que la norma constituye un acto administrativo válido, dictado en el marco de las competencias del Poder Ejecutivo y con una motivación suficiente.
Se trata de la abogada argentina acusada por injuria racial contra los empleados de un local bailable de Río de Janeiro. La decisión fue adoptada por el juez Luciano Silva Barreto en el marco de un hábeas corpus presentado por la defensa de Páez, en cuanto consideró que la restricción resultaba irrazonable dado que ya había concluido la etapa probatoria. Además, se impuso una caución de USD 18.000 para habilitar su regreso.
