Un vendedor pretendía anular la cláusula que fijó el dólar a $295 en un boleto de compraventa. El fallo sostuvo que la volatilidad cambiaria es un riesgo previsible en la Argentina y aplicó la doctrina de los actos propios.
Se trata de una medida cautelar adoptada por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Bahía Blanca, en el marco de un proceso iniciado por el Defensor del Pueblo bonaerense. La sentencia ordenó suspender la resolución que aprobó el recálculo de los valores para la distribución de energía eléctrica, reestableciendo el cuadro tarifario anterior, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
El Juzgado Federal de Quilmes ordenó a Edesur abstenerse de suspender el suministro a una pyme con 70 empleados. La resolución advirtió sobre el déficit informativo en la liquidación de los cargos tarifarios y el riesgo inminente de paralización de la planta industrial.
En el marco de un Juicio por la Verdad, el Juzgado Federal N° 2 de San Martín determinó la responsabilidad del Estado Nacional en la masacre de 1956. La jueza Alicia Vence fundamentó la sentencia en el derecho de gentes, la inconstitucionalidad de la aplicación retroactiva de la ley marcial y el valor reparatorio de la memoria colectiva.
El fallo reafirma el criterio sentado en el precedente “Cervín” frente a una sentencia de Casación que había habilitado la revisión del veredicto absolutorio para la querella y el Ministerio Publico Fiscal.
La Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata confirmó la indemnización a una mujer a la que le exigían el pago de cuotas de un plan de ahorro cuya suscripción no llegó a perfeccionarse. Ratificó el carácter solidario de la obligación de restitución de las sumas abonadas como adelanto, más resarcimientos por daño moral y daño punitivo, por vulnerar el deber de información y trato digno en la relación de consumo.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar a un recurso de revisión y adecuó la pena impuesta a una persona condenada por delitos cometidos cuando era menor de edad al nuevo límite máximo de quince años de prisión establecido por la Ley 27.801. El condenado llevaba más de dieciocho años privado de su libertad.
El Juzgado Federal de Río Grande hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el CECIM La Plata y una asociación ambientalista y ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de avanzar con obras vinculadas al emprendimiento hidrocarburífero. La decisión se fundó en la ausencia de evaluación de impacto ambiental y autorización de las autoridades argentinas y en la aplicación de los principios preventivo y precautorio
La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Registro Nacional de las Personas que suspenda los efectos de la anulación de la matrícula identificatoria de una mujer que había utilizado el mismo número durante toda su vida. El organismo deberá emitirle un nuevo DNI mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La Sala I entendió que un juez no puede suspender cautelarmente la aplicación de una ley sancionada por el Congreso con efectos generales y destacó que esa decisión afecta el principio de división de poderes y el sistema de control difuso de constitucionalidad. También ordenó revisar la competencia del juzgado que intervino en el hábeas corpus.