La Justicia Federal de La Plata dictó una medida cautelar interina para garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), luego de que fiscales especializados en delitos de lesa humanidad advirtieran sobre una situación de “extrema criticidad presupuestaria” que podría comprometer la continuidad de sus tareas periciales y la preservación de muestras biológicas vinculadas a causas por apropiación de niños durante la última dictadura.
La decisión fue adoptada por el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, en el marco de una investigación por supresión de identidad. El magistrado sostuvo que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye una “herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos” y recordó que la ley 26.548 exige asegurar que sus tareas se desarrollen “con normalidad, evitando suspensiones y demoras”.
La presentación había sido impulsada por representantes del Ministerio Público Fiscal especializados en apropiación de niños y causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Allí señalaron que la falta de recursos pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales como vigilancia, limpieza, mantenimiento informático y preservación ambiental de las muestras genéticas. También advirtieron sobre posibles demoras o paralización de pericias fundamentales para el avance de investigaciones judiciales.
En distintas notas remitidas al Ministerio Público Fiscal y a jueces federales, la Directora General Técnica del BNDG informó que el organismo atraviesa una situación crítica debido a restricciones presupuestarias, falta de designaciones en cargos claves y dificultades para sostener servicios indispensables para la conservación del material genético y el funcionamiento de los laboratorios. Según se indicó, el presupuesto aprobado para 2026 representa apenas el 55,96% del monto solicitado por el organismo.
El fallo remarcó que el Banco Nacional de Datos Genéticos cumple una función “esencial e irremplazable” en causas de lesa humanidad, al ser el organismo oficial encargado de producir las pericias genéticas necesarias para identificar hijos e hijas de personas desaparecidas. Además, destacó que los estudios realizados por el BNDG permitieron históricamente restituir identidades apropiadas durante el terrorismo de Estado.
En ese sentido, el juez recordó precedentes emblemáticos de restitución de identidad tramitados ante el propio juzgado, entre ellos los casos de Elena Gallinari Abinet, Silvia Alejandra Cugura Casado y Sebastián José Casado Tasca, en los que las pericias genéticas efectuadas por el Banco resultaron determinantes para reconstruir los vínculos biológicos y esclarecer los hechos investigados.
Ramos Padilla sostuvo además que la eventual interrupción de las tareas del organismo podría afectar obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos. Citó, entre otros antecedentes, los fallos “Simón” y “Gualtieri Rugnone de Prieto” de la Corte Suprema y el caso “Gelman vs. Uruguay” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El magistrado ordenó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que adopte “de manera inmediata” todas las medidas administrativas y asignaciones presupuestarias necesarias para asegurar el funcionamiento del BNDG, incluyendo la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, la cadena de custodia de las muestras y las condiciones de seguridad e higiene del organismo. También requirió informes a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Justicia y al propio Banco Nacional de Datos Genéticos.
Finalmente, la resolución requirió al Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, informe respecto a la eventual responsabilidad del Estado Nacional por la posible afectación al adecuado servicio de justicia.
Organismo: Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de La Plata
Expte. FLP 17652/2024/1
Fecha: 14 de mayo de 2026.
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