El Máximo Tribunal advirtió que la responsabilidad de concretar las medidas recae en las autoridades políticas de los distintos niveles de gobierno. Además, ordenó ejecutar el “Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná”, que incluye la instalación de infraestructura para alertas tempranas, una red de Faros de Conservación y planes sistemáticos de control y manejo del fuego.
El Máximo Tribunal reafirmó que la Constitución no impone un único índice de movilidad, sino su garantía, y que su reglamentación corresponde al Congreso bajo parámetros de razonabilidad.
La Cámara Comercial entendió que el hundimiento constituía un vicio en los resortes del colchón que hacía a la cosa impropia para su normal uso. Destacó que el producto ya había sido cambiado dos veces, lo que evidenciaba una falta de control de calidad por el fabricante.
La decisión consideró arbitraria la interpretación de la Cámara respecto de la figura de las "torturas y sufrimientos innecesarios" prevista en la ley 14.346, en cuanto entendió que la norma no exige una intencionalidad de causar sufrimiento de modo "excesivo, perverso, sangriento o violento" a los animales sino que la crueldad se prueba objetivamente por el sufrimiento causado.
Una sentencia civil remarcó que esa regla no equivale a un “bill de indemnidad” que exima de responsabilidad a quien circula por la derecha ni a una cláusula de impunidad frente a un choque, sino que debe analizarse junto al deber de prevención, a las velocidades legales y a la pauta de mantener el dominio del vehículo.
Se trata de la segunda Asociación de Consumidores que logra suspender en la Justicia las sanciones aplicadas por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Ministerio de Economía de la Nación. La decisión judicial llega luego de que el Gobierno dispusiera la baja del Registro Nacional de varias asociaciones de consumidores.
La justicia contenciosa condenó al Estado Nacional a pagar una indemnización por considerarse acreditado que se encubrió una relación permanente de trabajo bajo designaciones temporarias durante más de tres décadas.
El juez consideró acreditado el riesgo vital del bebé y sostuvo que la libertad religiosa de los progenitores no puede prevalecer sobre el interés superior del niño cuando se encuentra comprometida su supervivencia.
En una causa iniciada tras una transferencia electrónica indebida, la justicia pampeana determinó que al no acreditarse la causa del desplazamiento monetario por quien la recibió, debe devolverla a la cuenta de origen
El Máximo Tribunal consideró que Casación se apartó de la prohibición que impone el artículo 76 bis en cuanto no procede la suspensión del juicio a prueba cuando hubiera intervenido un funcionario público. En el caso se acreditó que distintos policías protegieron a los imputados -condenados por tráfico- y a sus parejas, condenadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.