- domingo 14 de diciembre del 2025
Ello en cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinente y en el plazo de quince dÃas máximo.
Una decisión de la Justicia Contencioso Administrativo bonaerense que, frente a la ausencia de norma especÃfica, aplicó la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado por analogÃa.
La causa surgió a raÃz de un acuerdo paritario que impuso una desventaja económica que perjudicó a la actora, condicionando la libre elección de los trabajadores municipales de la Provincia de Santa Fe respecto de su afiliación sindical.
El juez federal Pablo Cayssials consideró la inexistencia de caso o controversia para admitir la causa.
Los magistrados consideraron que la voluntad de la mujer estaba viciada debido a que cuando firmó el convenio era vÃctima de una situación de violencia psicológica instalada.
Si bien declararon precedente la queja iniciada, consideraron que el recurso de casación no era admisible.
El debate surge a raÃz de una sentencia del máximo tribunal porteño que dejó sin efecto una resolución adoptada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Consideró que, en base al artÃculo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, no era necesario el requisito de homologación administrativa o judicial para el acuerdo liberatorio.
El legislador objetaba no haber incluido la inmunidad soberana en torno a los bienes privados del Estado.
La presunta vÃctima es un jubilado que ingresó su tarjeta de débito en un cajero automático para que a su sobrino pudieran depositarle un premio.
