Así lo decidió la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Es en el marco de una acción promovida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
El fallo revoca la decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado que en un primer momento había denegado la excarcelación de Abaigar, pero luego dispuso su prisión domiciliaria. Para la Cámara Federal de San Martín no existen riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación que ameriten la privación de la libertad.
El Tribunal entiende que, ante la inexistencia de un término temporal específico en la normativa de consumo, resulta aplicable el plazo genérico previsto en el Código Civil y Comercial y no el dispuesto en la Ley de seguros
La justicia consideró como "intempestiva y desproporcionada" la decisión del dueño de la panadería de desvincular a su empleado, ya que no hubo intimación previa ni sanciones menores.
Los títulos se usarán como parte del pago de la sentencia por la estatización de la petrolera en 2012
La Corte Suprema dejó firme una sentencia que responsabilizó a los motores de búsqueda por no eliminar vínculos que asociaban a la modelo con sitios de contenido sexual, pese a haber sido advertidos judicialmente. La demora en cumplir con la orden fue considerada culposa y generó obligación de indemnizar.
El Máximo Tribunal consideró que el plazo de prescripción previsto en el Código Penal no puede ser alterado con la justificación de tratarse de hechos aberrantes. Así, destacó que el principio de legalidad no puede “flexibilizarse” en pos de otros derechos previstos en tratados internacionales como la tutela judicial efectiva y los derechos de la niñez
La decisión se basó en la vulneración a la división de poderes y la tutela sindical. Fue en el marco de una causa iniciada por la CGT.
El presidente Javier Milei había eliminado el día de descanso para empleados públicos que se celebra todos los 27 de junio. La cautelar del Juzgado Nacional del Trabajo N°3 consideró que las modificaciones sobre derechos laborales previstas en una ley no pueden hacerse a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.
El Tribunal Oral Federal consideró que la ley de ejecución penal vulnera el principio de igualdad al excluir a personas condenadas por delitos previstos en la Ley 23.737 en los artículos 5, 6 y 7.