- viernes 17 de abril del 2026
El juez Santiago Carrillo dictó una medida cautelar por considerar que la legislatura porteña no podía modificar unilateralmente la transferencia de competencias y funciones, sino que éstas deben hacerse por medio de convenios con el Estado Nacional.
El juez Ramos Padilla no se expidió respecto a la cautelar que solicitaba se suspenda el decreto del presidente que nombró “en comisión” a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, pero solicitó al Estado que responda los planteos de inconstitucionalidad.
El juez federal Alejo Ramos Padilla consideró que el Poder Ejecutivo se habría excedido en los límites que el Congreso le dio al realizar la delegación de facultades en la Ley Bases.
Luego dos años desde el último juicio oral por la muerte y abuso sexual de Lucía Perez, Casación determinó que el fallecimiento de la víctima no era atribuible penalmente a Matías Gabriel Farías, el principal imputado de la causa.
Se trató de un caso donde la abuela de un menor había sido condenada por haberle introducido un dedo en su ano. El Tribunal consideró arbitraria la referencia a la inmediación como "una posición privilegiada y automática que permita percibir señales que indiquen indefectiblemente si un relato es veraz o no", entre otros errores en el razonamiento probatorio.
En enero, la Sala de Feria del tribunal había declarado la inconstitucionalidad del artículo que impide otorgar los beneficios de libertad condicional o libertad asistida a los delitos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de la ley 23.737. A fin de evitar disparidad de criterios, Casación dictará sentencia plenaria sobre el tema el próximo 11 de marzo.
En la causa se solicitaba que uno de los miembros del directorio del organismo sea un profesional que represente los derechos de los usuarios y consumidores.
Lo decidió la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que ratificó la decisión de la Sala II de mismo tribunal adoptada el año pasado.
El tribunal de apelaciones ratificó que se trató de una decisión de otro poder del Estado que no admite revisión judicial.
Lo decidió la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que ratificó la decisión de la Sala II de mismo tribunal adoptada el año pasado.
