- Sunday 17 de May del 2026
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba permitió una salida excepcional para que un condenado a perpetua participe de la ceremonia durante una hora, tras el pedido de su defensor.
El Tribunal de Trabajo Nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27.802 -Ley de Modernización Laboral- por considerar que el mecanismo previsto para actualizar créditos laborales en juicios en trámite vulnera los principios de igualdad, razonabilidad y protección del trabajador. La decisión se suma a la adoptada la semana pasada por la justicia cordobesa.
La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial consideró que la empresa actuó como un intermediario digital y que no tuvo una participación activa en la operación frustrada.
Revocó una sentencia que había autorizado la triple filiación. Esgrimió que la disposición sobre el límite de vínculos legales es potestad exclusiva del legislador.
Se trata del primer pronunciamiento que declara la inconstitucionalidad de una disposición de la ley 27.802 votada semanas atrás en el congreso.
Se trata del caso de Marcela Iglesias Ribaudo, una niña de 6 años a la que se le cayó una escultura de hierro perteneciente a una galería de arte que se encontraba en el Paseo de la Infanta, un espacio público de la ciudad de Buenos Aires. El tribunal interamericano consideró que el Estado incumplió su deber de supervisar adecuadamente la instalación de la escultura y de sancionar penalmente a los responsables.
La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil modificó una sentencia de primera instancia y designó apoyos para que puedan asistirla en esa función. Conocé los argumentos.
Asimismo, corrió oficio al Estado Nacional para que produzca el informe previsto para los procesos de amparo.
La decisión judicial analizó una maniobra irregular en un juicio de alimentos.
Recordamos un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo de Tucumán que declaró la responsabilidad del Estado provincial y del exmagistrado Juan Francisco Pisa por no haber adoptado medidas adecuadas para prevenir el femicidio de Paola Tacacho, pese a las denuncias previas de la víctima. La sentencia estableció una indemnización a favor de sus familiares.
