- jueves 20 de noviembre del 2025
La causa fue promovida por ATE en representación de los trabajadores y denuncia que se debe suspender la norma hasta tanto se esclarezcan los hechos que involucran al ex senador Edgardo Kueider.
La sentencia ordenó el dictado de un nuevo fallo poniendo el foco en el derecho del padre biológico a recibir respuesta sobre su petición de que se mantenga el vínculo entre ambos.
Así lo resolvió la Cámara Federal de La Plata, al considerar que no se acreditaron de manera concreta los daños invocados y al valorar que la actora ya percibe una pensión de carácter indemnizatorio otorgada por la Provincia de Buenos Aires.
La decisión cautelar ordenó al Estado Nacional a abstenerse de ejecutar cualquier acto que disponga reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras.
La medida cautelar fue adoptada por el juez federal Martín Bava a favor de una empleada de uno de los cincuenta y nueve Centros de Referencia que habían sido cerrados en el mes de marzo.
Luego de la decisión del Juzgado Federal de Río Gallegos que la mantuvo en el padrón y la posterior apelación del Ministerio Público Fiscal, ahora el máximo órgano nacional en materia electoral deberá decidir si la ex presidenta podrá dirigirse a votar en las elecciones legislativas de octubre.
Un fallo de la Sala de Feria rechazó un planteo de prescripción y habilitó la continuidad del proceso que investiga delitos sexuales cometidos contra una niña. El tribunal se apartó de lo recientemente resuelto en la causa “Ilarraz” por la Corte Suprema, y reafirmó que el inicio del cómputo prescriptivo debe fijarse desde la denuncia y no desde la comisión del hecho.
La empresa Naturgy Ban S.A. inició una demanda en busca de la declaración de la inconstitucionalidad de una ley de la provincia de Buenos Aires, en cuanto obliga a las empresas a establecer oficinas de atención en las ciudades cabeceras de cada municipio bonaerense.
En un fallo dividido, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la autorización para desbloquear el teléfono de un acusado, desestimando los argumentos de la defensa sobre la violación de garantías constitucionales.
Una beneficia litigió contra la suspensión de su programa que basó en supuestas incompatibilidades que, según se comprobó en el proceso judicial, no existieron.
