La Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad destacó que, atento a encontrarse pendiente de resolución un recurso, debía ordenarse la suspensión de la demolición de las estructuras protegidas. Ello en la medida que un avance que modifique la estructura del estadio implicaría la imposibilidad de recomponer el bien o restituirlo a su estado anterior.
El juez Ojeda no aceptó la inhibitoria que le cursó su par Macarena Marra Giménez del fuero Contencioso Administrativo Federal.
El letrado es acusado de haber engañado a su clienta, haciéndole creer que había iniciado una demanda laboral que en realidad nunca promovió, frustrando así su derecho a reclamar judicialmente.
La había llevado para un baño y corte de uñas, pero la llamaron porque se había descompensado. La decisión consideró que el animal sufrió lesiones traumáticas mientras se encontraba en la veterinaria que derivaron en su muerte.
Un juez federal resolvió componer una causa contra empresas telefónicas como litigio colectivo para abrir participación a usuarios residenciales del servicio de internet en todo el territorio nacional.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que la empresa no logró justificar una causa objetiva de desvinculación y que el distracto, dispuesto inmediatamente después del alta médica, encubrió un trato discriminatorio por motivos de salud.
La decisión judicial confirmó la responsabilidad de una cafetería por los daños sufridos por una mujer al ser golpeada por una sombrilla mal sujeta en la vía pública.
Se trata de sanciones aplicadas por el Ministerio de Trabajo, por incumplimiento de normas de seguridad e higiene y laborales, en las que consideró que los repartidores de marcadería son trabajadores vinculados con la firma por Ley de Contrato de Trabajo.
Un joven con discapacidad intelectual leve tuvo que acudir a la justicia para exigir el respeto de sus derechos educativos frente a un desacuerdo entre progenitores.
El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 4 concluyó que el Estado debía responder por el contagio de COVID-19 de un prefecto ocurrido durante actos de servicio y ordenó indemnizar los daños físicos, psicológicos y morales derivados de la enfermedad.