- miércoles 15 de abril del 2026
Recordamos un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo de Tucumán que declaró la responsabilidad del Estado provincial y del exmagistrado Juan Francisco Pisa por no haber adoptado medidas adecuadas para prevenir el femicidio de Paola Tacacho, pese a las denuncias previas de la vÃctima. La sentencia estableció una indemnización a favor de sus familiares.
El Tribunal de Casación bonaerense se pronunció en una causa respecto de los alcances y lÃmites del principio de congruencia, de la fiabilidad de testimonios centrales y de la justificación del veredicto que descarta una hipótesis alternativa.
El Máximo Tribunal resolvió un conflicto de competencia y dispuso que el juez federal continúe la investigación. La denuncia es por los hechos ocurridos durante la movilización por la Ley de Movilidad Jubilatoria.
La decisión judicial consideró que el lÃmite de inembargabilidad salarial no puede aplicarse a los consumos voluntarios efectuados con los plásticos.
El juez Alejo Ramos Padilla revocó una resolución de la Junta Electoral partidaria que habÃa excluido a la lista opositora por considerarla "incompleta". El magistrado priorizó el principio de participación.
El máximo tribunal uruguayo aplicó la nueva Ley de Plataformas Digitales para declarar la jurisdicción nacional y confirmar una condena por despido abusivo. El fallo desestima la cláusula de arbitraje internacional y ratifica que los "socios conductores" son trabajadores dependientes.
En el caso se investiga la compra de un departamento en Miami, el Máximo Tribunal consideró que la Cámara de Casación omitió analizar adecuadamente lo expuesto por la fiscalÃa, respecto a que resultaba "prematuro" el cierre del proceso y que debÃa indagarse en el origen del préstamo aportado por una sociedad uruguaya para la compra del inmueble.
La Cámara Federal de San MartÃn sostuvo que ambas prestaciones no cubren las mismas contingencias ni atienden iguales riesgos sociales.
En consecuencia, se rechazó la demanda por enriquecimiento sin causa, al considerar que no se probó la existencia de promesa de matrimonio ni de unión convivencial.
Se trata de una medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo Nacional incluir el Fondo de Fortalecimiento Institucional VitivinÃcola en las planillas de cobro de la cosecha 2025 y suspende el DNU 149/2025.
