- sábado 11 de abril del 2026
El expresidente está denunciado por Fabiola Yañez.
La Cámara Contencioso Administrativo tucumana declaró la responsabilidad del Estado provincial y del exmagistrado Juan Francisco Pisa por no haber adoptado medidas adecuadas para prevenir el femicidio de Paola Tacacho, pese a las denuncias previas de la víctima. La sentencia estableció una indemnización a favor de sus familiares.
La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó que se sortee un nuevo juzgado para que tramite las causas promovidas por el CPACF y por la “Asociación Civil Gente de Derecho”.
En el marco de una causa judicial, la Fiscalía dictaminó que el Gobierno informe qué medidas concretas está tomando para prevenir el uso de inteligencia artificial que pueda manipular el voto.
El Máximo Tribunal ordenó que avance la investigación contra el ex magistrado acusado por no investigar a funcionarios policiales que privaron de libertad y torturaron al exsuboficial Juan Carlos Bayarri para que se adjudicase el secuestro.
En el caso “Álvarez”, el tribunal, por mayoría, habilitó la revisión de un veredicto absolutorio en un juicio por abuso sexual infantil. Ratificó la decisión del juez técnico que había declarado inaplicable el artículo 89 de la Ley de Juicio por Jurados de Entre Ríos
La decisión judicial ordenó reincorporar a un trabajador. La previsión del Convenio Colectivo de Trabajo, en cuanto permite cesar sin causa a los agentes, importa una violación a la estabilidad del empleado público reconocida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, dijo el Tribunal.
La Justicia Federal determinó que se incurrió en desviación de poder por encubrir una designación laboral permanente bajo la apariencia de contratos laborales temporales.
Se trata de una causa promovida por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) en la que pidió la inconstitucionalidad del capítulo V del “Paquete Fiscal” de la ley 27.743.
Así lo decidió la Cámara Civil y Comercial Federal. En el expediente se reclamaba la indemnización por daños derivados del accionar denunciado en la causa penal, pero caducó por falta de impulso de la Dirección Nacional de Vialidad dentro del plazo previsto en el Código Procesal.
