- domingo 19 de enero del 2025
Una sentencia de 2016 así lo estableció pero el Poder Legislativo todavía no cubrió la vacante.
El Máximo Tribunal denegó el recurso iniciado por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, luego del dictamen del Procurador General Eduardo Casal.
Una decisión de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Así lo dictaminó la Procuración General en el marco de una causa donde ANSES cedió datos de ciudadanos para que el Poder Ejecutivo lleve adelante acciones de comunicación.
Ello en cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinente y en el plazo de quince días máximo.
Una decisión de la Justicia Contencioso Administrativo bonaerense que, frente a la ausencia de norma específica, aplicó la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado por analogía.
La causa surgió a raíz de un acuerdo paritario que impuso una desventaja económica que perjudicó a la actora, condicionando la libre elección de los trabajadores municipales de la Provincia de Santa Fe respecto de su afiliación sindical.
El juez federal Pablo Cayssials consideró la inexistencia de caso o controversia para admitir la causa.
Los magistrados consideraron que la voluntad de la mujer estaba viciada debido a que cuando firmó el convenio era víctima de una situación de violencia psicológica instalada.
Si bien declararon precedente la queja iniciada, consideraron que el recurso de casación no era admisible.
