El texto fue aprobado por Diputados y girado al Senado para su consideración.
La Cámara baja también aprobó la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, convirtió en ley el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y dio media sanción a la denominada “Ley Joaquín”, entre otros proyectos tratados durante una extensa sesión.
La Cámara alta le dio media sanción por 37 votos afirmativos y 33 negativos. Durante el debate fueron eliminados los capítulos que modificaban la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa conserva las reformas sobre expropiaciones, desalojos, regularización dominial y registros inmobiliarios y ahora será girada a la Cámara de Diputados.
La iniciativa impulsada por el Gobierno que será debatida este jueves en el Senado, establece modificaciones a los regímenes de expropiaciones y desalojos, redefine las restricciones para la adquisición extranjera de tierras rurales, reduce algunas limitaciones posteriores a los incendios y promueve la digitalización de los registros inmobiliarios.
El Poder Ejecutivo sustituyó la normativa vigente desde 1991 para remover "exigencias obsoletas" que dificultaban la entrada de nuevos prestadores al servicio. La norma reafirma la inscripción sin límites numéricos, liberaliza el traslado de profesionales y faculta a la autoridad portuaria para fijar tarifas máximas.
Así lo efectuó este lunes mediante una serie de decretos registrados en el Boletín Oficial.
Tras la aprobación en Diputados, pasa al Senado el proyecto de ley que busca dejar sin efecto normas consideradas "obsoletas o inútiles". El detalle de cada una de ellas.
El Gobierno nacional impulsa una reforma de la Ley Nº 26.657. La iniciativa busca agilizar los procesos de tratamiento e internación, reforzando el rol médico-psiquiátrico y la corresponsabilidad familiar.
En el marco del octavo informe periódico realizado por la CEDAW, este organismo enumera y explica los principales motivos de preocupación y las consecuentes recomendaciones hacia nuestro país.
El Colegio de la Abogacía de Madrid y el Senado de Nueva York impulsan -con distintos matices- proyectos de ley que penalizan y responsabilizan civilmente por el uso de inteligencia artificial para brindar asesoramiento legal sin título habilitante.