• Friday 20 de November del 2026
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El Senado convirtió en ley el nuevo régimen de discapacidad y el proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada"

La Cámara alta aprobó por unanimidad la nueva legislación sobre discapacidad, que establece un régimen permanente de prestaciones y pensiones no contributivas. También sancionó la reforma sobre propiedad privada, que modifica las reglas de expropiación y desalojo y restituye la vigencia de la Ley de Tierras.

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves 19 de noviembre dos iniciativas de relevancia jurídica: el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad y la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La primera fue aprobada por unanimidad, con 71 votos afirmativos, mientras que la segunda obtuvo 42 votos a favor y 26 en contra.

Ambos proyectos contaban con la aprobación de la Cámara de Diputados y recibieron sanción definitiva durante una extensa sesión presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en la que también se aprobaron otras iniciativas legislativas.

El proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad establece un nuevo marco normativo destinado a garantizar la continuidad de las prestaciones previstas en la Ley 24.901, así como la previsibilidad del sistema de protección de las personas con discapacidad.

La iniciativa, que originalmente contemplaba la prórroga hasta diciembre de 2027 de la emergencia declarada por la Ley 27.793, fue reformulada durante su tratamiento parlamentario para establecer un régimen de carácter permanente, con mecanismos de financiamiento, fiscalización y articulación federal.

Entre sus principales disposiciones, la nueva legislación modifica el régimen de pensiones no contributivas previsto en la Ley 13.478, establece requisitos para su otorgamiento y dispone que las prestaciones por invalidez laboral y por discapacidad equivalgan al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado.

Asimismo, contempla la compatibilidad de la pensión por discapacidad con el empleo formal, siempre que los ingresos de su titular no superen el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles. En caso de superar ese límite, se prevé la suspensión del beneficio y la posibilidad de solicitar su rehabilitación cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron la suspensión.

La norma también incorpora un sistema de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y permanencia en las pensiones. Estos procedimientos deberán garantizar la notificación fehaciente de los beneficiarios, el ejercicio del derecho de defensa y la posibilidad de solicitar una rehabilitación provisoria.

En materia presupuestaria, establece mecanismos para garantizar el financiamiento de las prestaciones y la continuidad de los servicios. También contempla la regularización de compensaciones pendientes a prestadores del sistema, con plazos específicos para su liquidación y pago.


Por otra parte, el Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado originalmente por el Poder Ejecutivo Nacional, al aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

La iniciativa introduce reformas en la Ley 21.499 de Expropiaciones, la Ley 24.374 de Regularización Dominial, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley 17.801 de Registro de la Propiedad Inmueble.

En materia de expropiaciones, dispone que la declaración de utilidad pública deberá identificar de manera específica y concreta el fin perseguido y que la expropiación resulte idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo.

También modifica las reglas de determinación de las indemnizaciones, incorporando el valor de mercado del bien cuando sea determinable y admitiendo el reconocimiento del lucro cesante bajo determinadas condiciones. Además, prevé mecanismos de actualización de los montos indemnizatorios mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la aplicación de intereses.

En cuanto a los procesos de desalojo, la reforma introduce modificaciones destinadas a agilizar la restitución de inmuebles. Entre ellas, amplía los supuestos en los que el juez puede disponer la entrega anticipada del bien, siempre que se acrediten las condiciones procesales previstas, como la verosimilitud del derecho invocado.

El texto también incorpora disposiciones específicas para los procedimientos en los que se encuentren involucrados niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, estableciendo la intervención de los organismos de protección correspondientes antes de ejecutar el lanzamiento.

Asimismo, introduce reformas orientadas a la digitalización y modernización de los registros inmobiliarios, con mecanismos de interoperabilidad y coordinación entre las distintas jurisdicciones.

Uno de los puntos centrales incorporados durante el tratamiento en Diputados fue la restitución de la vigencia de la Ley 26.737, que regula la adquisición, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

En particular, el artículo 38 de la nueva legislación deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se había derogado aquella normativa, mientras que el artículo 39 restablece expresamente su plena vigencia.

De esta manera, se recupera el régimen que establece un límite general del 15% a la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales, junto con otras restricciones vinculadas a la nacionalidad de los titulares, la superficie de los inmuebles y su ubicación geográfica.

Finalmente, la ley establece que sus disposiciones entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, con excepción del capítulo referido a los registros inmobiliarios, cuya entrada en vigencia se difiere por 180 días.


Durante la misma sesión, el Senado también convirtió en ley la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), con 47 votos afirmativos y 22 negativos, y la denominada Ley Joaquín, que establece medidas de seguridad obligatorias para estructuras deportivas y recreativas.

Por otra parte, otorgó media sanción al proyecto que crea un nuevo régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria, que deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.


Accedé a los órdenes del Día N° 420/2026 (Discapacidad) y N° 424/2026 (Inviolabilidad de la propiedad privada).

Sesión del 19 de noviembre de 2026.


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