• Friday 20 de November del 2026
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Acceso a la Información: la Corte Suprema ordenó brindar datos sobre las pruebas Aprender y Enseñar

El máximo tribunal sostuvo que la información pertenece a las personas y no es propiedad estatal. La decisión confirmó que el Estado Nacional deberá entregar a un ciudadano los datos que pidió sobre escuelas de la provincia de Salta.

La Corte Suprema de Justicia ordenó al Poder Ejecutivo Nacional hacer pública la información sobre los resultados correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017.

“La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”, sostuvo el máximo tribunal al hacer lugar a la acción de amparo de un ciudadano que reclamaba esos datos.

“Hacer pública la información requerida apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades’ (art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional) antes que a estigmatizar alumnos y docentes; en efecto, que la comunidad cuente con herramientas idóneas para conocer resultados en materia de educación importa -a la vez- otorgarle la posibilidad de peticionar a las autoridades públicas políticas concretas para revertir resultados deficitarios y, con ello, mejorar la situación de sectores desaventajados. Esto es, exactamente lo contrario de lo que postula la demandada, quien -en definitiva- pretende echar sombra en donde tiene que haber claridad”, afirmó la sentencia.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Carlos Vallefín (La Plata) y Juan Perozziello Vizier (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal). En minoría, el juez Carlos Rosenkrantz se pronunció por rechazar el amparo, siguiendo el dictamen de la Procuración General.

Para el voto mayoritario de la Corte Suprema, “no puede olvidarse que el fundamento central del acceso a la información en poder estatal consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. Por tanto, la obligación de suministrarla, o dar respuesta fundada en caso de negativa de conformidad con las excepciones permitidas, corresponde al Estado”.

En ese sentido, el fallo sostuvo que los operativos “Aprender” y “Enseñar” “no son una gracia o favor del gobierno hacia la comunidad” sino que “ellos reflejan la implementación de un mandato expreso contenido en normas constitucionales y legales en cuyo marco fueron creados y son ejecutados”.

“Por tanto, pueden ser pasibles de control democrático por parte de la población. Para ello, sus resultados, con el nivel de desagregación exigido en esta causa, deben estar sometidos al control democrático, en la medida en que: i) la recurrente no logró demostrar que su restricción sea estrictamente necesaria a los fines de ‘evitar la estigmatización’, ni proporcional y conducente para alcanzar el logro de algún otro objetivo, fijado legalmente, que la haya justificado; y ii) su cotejo no permita vincular los resultados concretos con cada persona humana que participó de los operativos aportando información cuya divulgación comporte una injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada e intimidad”.

En 2019, Rafael Aurelio Argañaraz Olivero promovió una acción de amparo de acceso a la información pública (art. 14 de la Ley 27.275 - LAIP) contra el Poder Ejecutivo Nacional —Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación— en donde reclamaba que se ordene al Estado la entrega de "la totalidad de los Reportes de Resultado correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017". Según explicó, había solicitado esa documentación entendiendo que se trataba de información pública, pero la Secretaría de Evaluación Educativa estaba impedida de entregarla por tratarse de información obtenida con carácter confidencial y le ofreció acceder a los resultados desagregados hasta el nivel municipal (siempre que en cada municipio hubiera al menos dos escuelas), y dio por cerrado el expediente. En ese contexto, el ciudadano fue a tribunales diciendo que quería conocer los datos de cada institución educativa y formadora de Salta y agregó que la información existía, podía consultarse por establecimiento y era simple de proveer.

El Estado Nacional se opuso a la demanda. Insistió en el carácter confidencial de la información y se basó en resguardar los derechos de los estudiantes, docentes y directivos que participaron en la evaluación. Agregó que proveyendo ese material se verían afectados los derechos de los alumnos y establecimientos que participaron de las pruebas. También afirmó que con esos datos se podía hacer un ranking de escuelas y establecimientos, como mejores o peores, “no solo por los resultados de la evaluación sino también por la condición de migrantes, indígenas, pobres y analfabetos” de los alumnos o sus familias, lo cual llevaría a una estigmatización. Por último, argumentó que la divulgación de esos datos frustraría una investigación sobre estadísticas.

En primera instancia se rechazó la acción de amparo, pero la Cámara Federal de Salta revocó la sentencia y ordenó al Ministerio brindar los resultados de esas pruebas, sin excepción, sin que ello implique revelar datos particulares de los alumnos o los docentes involucrados. El Estado Nacional apeló y la Corte abrió el recurso y confirmó que el Ministerio de Educación debía brindar la información solicitada.

Aunque se aclaró que el derecho de acceso a la información “no es un derecho absoluto”, la Corte afirmó que “convalidar una respuesta estatal infundada significa dejar librada la garantía del acceso a la información al arbitrio discrecional del sujeto obligado y reduce la actividad de los tribunales a conformar, sin ninguna posibilidad de revisión, el obrar lesivo que son llamados a reparar”. Y añadió: “excluir de la protección reconocida por la Constitución Nacional a aquellos datos de notorio interés público importaría la absurda consecuencia de ofrecer una acción judicial solo en los casos en los que no es necesaria y vedarla en aquellos en los que el particular no puede sino recurrir a la tutela judicial para ejercer su derecho”.

“Resulta indiscutible que la desagregación de los resultados de las pruebas ‘Aprender’ y ‘Enseñar’ por establecimiento educativo persigue un interés público de particular trascendencia, cuyo control democrático parece ineludible”, advirtió.

Desde el punto de vista constitucional, que los datos “hacen a la transparencia y a la publicidad de la gestión de gobierno, en la medida en que acceder a ellos permitiría verificar el modo en que el Estado Nacional ejecuta mandatos constitucionales y legales concretos en una materia que se erige como un pilar de toda sociedad: el derecho ‘de enseñar y aprender’ consagrado en el artículo 14, atendiendo las exigencias expresas del artículo 75, incisos 17, 18, 19 y 23, de la Constitución Nacional”, dijo la Corte.

Desde el punto de vista legal, añadió, los operativos “Aprender” y “Enseñar” se erigen como “un engranaje esencial de un sistema que, por exigencia legal, tiende a la implementación de una política de información y evaluación de datos de índole diversa para la toma de decisiones”. “Acceder a sus resultados, entonces, permitiría cotejar que el Estado Nacional haya dado cumplimiento con su deber de garantizar, efectivamente, el derecho constitucional de los pueblos originarios a acceder a una educación bilingüe e intercultural” y que haya cumplido el mandato de “asegurar las condiciones materiales y culturales para lograr aprendizajes comunes de buena calidad, con independencia del origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural de cada estudiante”, detalló.

“Está fuera de discusión, y este pronunciamiento es concluyente en ese sentido, que se debe evitar la difusión de información de las personas que participaron en los operativos en cuestión de modo que se pueda comprometer su intimidad y honor. Ello deja huérfano de todo sustento las argumentaciones desarrolladas por la parte demandada”, concluyó.

 


Accedé a la sentencia

Causa: “Argañaraz Olivero, Rafael Aurelio c/ Ministerio de Educación Cultura Ciencia y Tecnología de la Nación s/ amparo ley 16.986”, Expte. FSA 517/2019/CS1.

Fecha: 19/11/2026.


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