La Cámara alta dio media sanción al traspaso de la Justicia Nacional de Menores y al Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales. La Ciudad asumiría nuevas causas vinculadas con adolescentes y delitos contra el honor, la integridad sexual, la libertad, el transporte y otras materias. Ambos acuerdos pasaron a Diputados.
El Senado de la Nación aprobó los dos convenios celebrados entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar con una nueva etapa de transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño.
Con 44 votos afirmativos y 21 negativos, la Cámara alta dio media sanción tanto al Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Criminal y Correccional de Menores como al Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales, ambos suscriptos el 3 de julio de 2026. Los proyectos fueron girados ahora a la Cámara de Diputados.
Los acuerdos forman parte del proceso iniciado luego de la reforma constitucional de 1994 para ampliar las competencias jurisdiccionales de la Ciudad de Buenos Aires. El artículo 6° de la Ley 24.588 prevé que Nación y Ciudad celebren convenios para la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes, y durante las últimas décadas se aprobaron distintas etapas de traspaso en materia penal.
El primero de los convenios establece la transferencia a la Justicia porteña de la investigación y juzgamiento de los delitos no federales cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, en consonancia con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801.
La Ciudad también asumirá la intervención en aquellos casos en los que existan personas mayores de edad imputadas conjuntamente con adolescentes, cuando resulte necesario mantener la unidad de investigación y juzgamiento. Las causas iniciadas antes de que el traspaso se haga efectivo permanecerán, en cambio, bajo competencia de la Justicia Nacional.
La transferencia encuentra como antecedente institucional que la Ciudad ya cuenta con un Régimen Procesal Penal Juvenil propio y con órganos especializados: la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas y los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal Juvenil.
El segundo acuerdo aprobado por el Senado es el Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La iniciativa amplía el universo de delitos ordinarios que pasarían a ser investigados y juzgados por los órganos judiciales porteños. Entre las materias comprendidas se encuentran delitos contra el honor, como calumnias e injurias; contra la integridad sexual, entre ellos abusos, corrupción, prostitución y explotación; contra la libertad, como reducción a servidumbre, privación ilegítima de la libertad y sustracción de menores; y contra la seguridad del tránsito, transporte y comunicaciones.
El convenio comprende además delitos previstos en leyes especiales, entre ellas las relativas a propiedad intelectual, ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y protección de la fauna silvestre.
De ese modo, el acuerdo continúa el proceso iniciado con los anteriores convenios de transferencia penal. Los primeros traspasos fueron aprobados por las leyes nacionales 25.752 y 26.357, mientras que posteriormente la Ley 26.702 transfirió nuevas competencias al Ministerio Público Fiscal y a los jueces de la Ciudad.
Un aspecto común de ambos acuerdos es que el cambio de competencia no implicará trasladar automáticamente a la Ciudad todos los expedientes que hoy tramitan ante la Justicia Nacional.
En materia penal juvenil, las causas iniciadas antes de la efectiva entrada en vigencia del convenio permanecerán en los órganos nacionales actualmente competentes. El mismo criterio de transición se proyecta sobre las competencias incluidas en el cuarto convenio, evitando que el traspaso modifique el juez natural de procesos ya iniciados.
Esto supone que, durante una etapa transitoria, coexistirán ambos sistemas: la Justicia Nacional continuará interviniendo en los expedientes anteriores al traspaso y la Justicia porteña recibirá las nuevas causas correspondientes a las competencias efectivamente transferidas.
Durante el tratamiento en comisión, uno de los principales puntos de discusión estuvo relacionado con los recursos necesarios para asumir las nuevas competencias y con la situación institucional y laboral de quienes actualmente integran la Justicia Nacional.
Representantes del Poder Judicial porteño sostuvieron que la Ciudad cuenta con estructura y experiencia suficientes para absorber las nuevas materias y destacaron que ya atravesó anteriores procesos de transferencia penal. Desde la Ciudad también se planteó que el traspaso debe realizarse acompañado de los recursos correspondientes.
Por otra parte, representantes de la Justicia Nacional y de organizaciones de trabajadores expresaron objeciones vinculadas con la estabilidad laboral, la independencia judicial, las condiciones de transferencia y sus consecuencias presupuestarias.
Vale aclarar que la aprobación del Senado constituye únicamente una media sanción. Ambos convenios deberán ser tratados ahora por la Cámara de Diputados, por la Legislatura de la Ciudad y establecer el respectivo convenio de asignación de recursos para que la transferencia pueda hacerse efectiva.
Con la media sanción otorgada este jueves, el debate se trasladará ahora a Diputados. Hasta que el procedimiento se complete, la Justicia Nacional conservará las competencias que actualmente ejerce tanto en materia criminal y correccional de menores como respecto de los restantes delitos incluidos en el nuevo convenio.
Proyectos: aprobación del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Criminal y Correccional de Menores (PE-243/26) y del Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales (PE-244/26).
Convenios: celebrados el 3 de julio de 2026
Estado parlamentario: media sanción del Senado; girados a la Cámara de Diputados
Votación: 44 votos afirmativos y 21 negativos
Fecha de votación: 17 de septiembre de 2026.
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