- miércoles 29 de abril del 2026
La empresa Naturgy Ban S.A. inició una demanda en busca de la declaración de la inconstitucionalidad de una ley de la provincia de Buenos Aires, en cuanto obliga a las empresas a establecer oficinas de atención en las ciudades cabeceras de cada municipio bonaerense.
En un fallo dividido, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la autorización para desbloquear el teléfono de un acusado, desestimando los argumentos de la defensa sobre la violación de garantías constitucionales.
Una beneficia litigió contra la suspensión de su programa que basó en supuestas incompatibilidades que, según se comprobó en el proceso judicial, no existieron.
La decisión de la Cámara Nacional Electoral ratificó el procesamiento sin prisión preventiva de una empleada de una agencia de medios, acusada de "inducir con engaños" al electorado mediante videos trucados difundidos en Facebook.
Tramita ante el Juzgado Federal de Rawson N°1 y busca la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de varios artículos del Decreto que disuelve la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
En una contienda entre el TSJ y la Cámara Nacional en lo Civil, el Máximo Tribunal ratificó la doctrina dispuesta en el precedente "Ferrari c/ Levinas".
Una decisión de la Cámara Federal de San Martín, en una causa promovida por la Municipalidad de Escobar.
Se trata de los artículos 2° y 3° del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025 que imponía restricciones al ejercicio del derecho a huelga en numerosas actividades.
Los jueces Carral y Maidana consideraron que existió un móvil vinculado a la identidad trans de la víctima. Además, expresaron que a pesar de no haberse encontrado el cuerpo, existieron numerosas pruebas valoradas por el tribunal de primera instancia que incriminaban a Luis Alberto Ramos como el responsable del homicidio.
El Máximo Tribunal interpretó que la figura del "buen hombre de negocios" impone que éstos no pueden revisar personalmente todas las decisiones que se adoptan en la marcha ordinaria de los negocios de la sociedad comercial. Por esos motivos, concluyó que no podía condenarse solidariamente a los directivos de Telecom al pago de créditos laborales.
