Una decisión de la justicia de Córdoba, que ordenó indemnizar a una letrada por los daños y perjuicios ocasionados por los insultos de su ex clienta.
El deudor había tomado el crédito UVA con la finalidad de obtener su vivienda propia. Al estar dicho valor atado a la inflación, el magistrado comprobó que se le generó al cliente un sobreendeudamiento extraordinario, ajeno al riesgo asumido.
Así lo dispuso el juez federal Enrique Alonso Regueira en el marco de una acción promovida por la Fundación Poder Ciudadano. El magistrado consideró que los datos requeridos estaban comprendidos dentro de las excepciones que prevé la Ley de Acceso a la Información Pública.
El Máximo Tribunal anuló una resolución de la Defensoría General de la Nación que disponía la cesantía de una empleada interina por razones disciplinarias sin sumario previo. Entendió que se había afectado su derecho de defensa en violación a normas constitucionales y convencionales.
Consideraron que la partición del Bloque Frente de Todos resulta inoponible a los fines de la conformación de ese órgano constitucional. Asimismo, acordaron tomarle juramento de ley a los senadores Recalde, Vischi y Pilatti Vergara.
Se trata de un trabajo realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. El documento contiene un resumen y descripción de más de 200 fallos pronunciados entre 2006 y 2021.
Consideraron que la divulgación lesiona gravemente la intimidad y el honor de la conductora televisiva, sin que el asunto constituya un asunto de interés público.
La justicia de Corrientes consideró que la ausencia del padre al examen es indicio suficiente para acreditarla.
El máximo tribunal bonaerense consideró que el test "Yebes/Biniari", mediante el cual el tribunal puede controlar si un veredicto del jurado popular ha superado razonablemente el estándar probatorio exigido en una condena penal, es compatible con el derecho al doble conforme y el derecho a la revisión integral del fallo condenatorio.
Así lo decidió el Juzgado Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, a cargo de la jueza María Ventura Martínez. Se trata de un caso de responsabilidad estatal por un defectuoso servicio de justicia.