La Justicia denegó la medida cautelar suspensiva solicitada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, contra el DNU N° 62/2025.
El juez Alejo Ramos Padilla consideró que la decisión sobre una posible candidatura a legisladora provincial de Cristina debe dirimirse ante la justicia provincial o ante la Junta Electoral bonaerense. La presentación fue realizada por el abogado Daniel Llermanos que alegó que la inhabilitación judicial de la ex presidenta “violaba su derecho a elegir libremente a sus representantes”.
Se trata de un amparo promovido por la asociación "La Ciega". El juez Ramos Padilla ordenó que se publique durante 30 días en la web del Ministerio de Salud y 3 días en el Boletín Oficial acerca de la existencia del proceso, a fin de que se presenten las personas gestantes afectadas o interesadas.
La presentación colectiva solicita la declaración de nulidad e inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado, en virtud del riesgo ambiental derivado de las modificaciones dispuestas vinculadas a la actividad marina mercante.
La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires le reconoció aptitud procesal al Fiscal de Estado para accionar contra una firma que vierte residuos en Villa Gesell y Pinamar, con el fin de proteger el ambiente bonaerense. El ambiente y los recursos naturales existentes en su territorio forman parte del patrimonio de la Provincia, que el Fiscal de Estado está llamado a proteger.
Ratificaron la decisión que frenó el decreto a pedido de la Confederación General del Trabajo.
Una decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal concedió con efectivo suspensivo la apelación planteada por Telecom contra la decisión de la Secretaría de Comercio que suspendió la operación de concentración económica de Telefónica.
Intervino el juez Daniel Rafecas.
La Cámara Federal de La Plata consideró que la delegación contenida en la Ley Bases no habilitó al Poder Ejecutivo a transformar la entidad bancaria.
La cámara consideró que la Constitución delega en el Congreso la potestad de regular la representación del estamento académico y que la ley del Consejo prevé mecanismos idóneos y razonables para ocupar el estamento.