- viernes 17 de abril del 2026
En una contienda entre el TSJ y la Cámara Nacional en lo Civil, el Máximo Tribunal ratificó la doctrina dispuesta en el precedente "Ferrari c/ Levinas".
Una decisión de la Cámara Federal de San Martín, en una causa promovida por la Municipalidad de Escobar.
Se trata de los artículos 2° y 3° del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025 que imponía restricciones al ejercicio del derecho a huelga en numerosas actividades.
Los jueces Carral y Maidana consideraron que existió un móvil vinculado a la identidad trans de la víctima. Además, expresaron que a pesar de no haberse encontrado el cuerpo, existieron numerosas pruebas valoradas por el tribunal de primera instancia que incriminaban a Luis Alberto Ramos como el responsable del homicidio.
El Máximo Tribunal interpretó que la figura del "buen hombre de negocios" impone que éstos no pueden revisar personalmente todas las decisiones que se adoptan en la marcha ordinaria de los negocios de la sociedad comercial. Por esos motivos, concluyó que no podía condenarse solidariamente a los directivos de Telecom al pago de créditos laborales.
La Cámara Federal de La Plata también ratificó la declaración de inconstitucionalidad del Convenio Colectivo de Trabajo que autorizaba al despido sin justa causa de los trabajadores de ANSES, en tanto importa una violación a la estabilidad del empleado público reconocida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal condenó a Google a pagar una indemnización de tres millones de pesos por publicar en “Street View” la foto de un hombre desnudo en el patio de su casa. El fallo destaca la responsabilidad objetiva por la actividad que despliega esta plataforma digital y reafirma el derecho constitucional a la intimidad del usuario.
Así lo decidió la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Es en el marco de una acción promovida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
El fallo revoca la decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado que en un primer momento había denegado la excarcelación de Abaigar, pero luego dispuso su prisión domiciliaria. Para la Cámara Federal de San Martín no existen riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación que ameriten la privación de la libertad.
El Tribunal entiende que, ante la inexistencia de un término temporal específico en la normativa de consumo, resulta aplicable el plazo genérico previsto en el Código Civil y Comercial y no el dispuesto en la Ley de seguros
