- miércoles 29 de abril del 2026
A 64 años del precedente judicial que convalidó la interpretación amplia que comprendía la defensa y promoción de los intereses económicos de la colectividad, permitiendo considerar legítima la facultad de sancionar disposiciones legales encaminadas a prevenir, impedir, morigerar o contrarrestar, en forma permanente o transitoria, los graves daños económicos y sociales.
El tribunal desestimó una demanda de la firma Grido que cuestionó la norma del municipio de Berazategui que admite un máximo de cuatro locales de cadenas comerciales o franquicias.
La Cámara de Apelaciones aseguró que solo podía realizarse por "ley formal del Congreso" y que tampoco concurrieron circunstancias excepcionales que habiliten al Poder Ejecutivo a avanzar como lo hizo.
La acción fue iniciada por asociaciones de pacientes y busca que se normalice el funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa para Supuestos Especiales (DADSE).
Se trató de una medida anticautelar que imposibilitaba trabar embargo o inhibición general de bienes sobre fondos y valores en cuentas bancarias de propiedad de la Editorial.
A 46 años de la represión ocurrida en la Unidad Penitenciaria n°2 de Villa Devoto, una resolución judicial consideró configurado el desempeño irregular del servicio penitenciario y estableció responsabilidad estatal por la muerte de uno de los detenidos.
Así lo entendió el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, al momento de resolver un proceso de alimentos iniciado por la madre de tres niñas contra el progenitor y los abuelos paternos.
El tribunal regional resolvió que el Estado resulta responsable por faltas a su deber de prevención y debida diligencia en la investigación del atentado contra la Mutual Israelita Argentina.
La popular película fue reproducida durante el horario escolar a alumnos de 9 y 10 años y motivó la ruptura contractual por parte del establecimiento educativo con la profesora.
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia confirmó una sentencia de Cámara que había anulado actos administrativos sancionatorios contra una empleada pública. Para hacerlo,valoró la especial situación de vulnerabilidad en la que se hallaba la actora.
