- viernes 17 de abril del 2026
El fallo sostuvo que la provincia carece de facultades para imponer unilateralmente obligaciones administrativas a órganos dependientes del Poder Ejecutivo nacional.
El Tribunal utilizó una interpretación amplia para admitir el instituto, basándose en los principios especiales del fuero penal juvenil y la doctrina del “escándalo judicial”.
Así lo resolvió la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal al entender que no se acreditó la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora respecto a la impugnación de los Decretos N° 138/2025 y N°150/2025
La decisión se basó en razones formales como la legitimación de los actores, los requisitos de los procesos colectivos y el principio de congruencia. Además, los jueces dijeron que cada persona podrá iniciar su demanda de forma particular.
El magistrado consideró que, por las partes involucradas y la materia en debate, corresponde a la competencia originaria del máximo tribunal.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense ordenó conceder la suspensión del juicio a prueba al considerar que la oposición fiscal carecía de fundamentos suficientes, en tanto la víctima había prestado conformidad al acuerdo y que no se acreditó un contexto de violencia de género que impidiera la aplicación del instituto.
Así lo dispuso la Cámara Federal de Seguridad Social al revocar la sentencia de primera instancia.
Se trata de un caso se investigaba el abuso sexual de un padre contra su hija. La Corte entendió que la magnitud y el cúmulo de negligencias atribuidas a magistrados, funcionarios y al Ministerio Público Fiscal exigían una respuesta institucional aún mayor. También ordenó poner en conocimiento al colegio departamental por la deficiente actuación en la representación letrada.
El máximo tribunal revocó una decisión de Cámara al considerar que la inconsistencia entre los argumentos dados por los camaristas impide considerar la sentencia como un acto jurisdiccional en sentido estricto.
El juez Sebastián Casanello consideró acreditada la existencia de una organización delictiva que habría manipulado contrataciones de medicamentos de alto costo mediante compulsas “especiales”, sobreprecios y retornos indebidos dentro del Programa Federal Incluir Salud. El procesamiento abarca a otros ex funcionarios y personas del sector privado de la salud y laboratorios.
