- Tuesday 16 de June del 2026
La había llevado para un baño y corte de uñas, pero la llamaron porque se había descompensado. La decisión consideró que el animal sufrió lesiones traumáticas mientras se encontraba en la veterinaria que derivaron en su muerte.
Un juez federal resolvió componer una causa contra empresas telefónicas como litigio colectivo para abrir participación a usuarios residenciales del servicio de internet en todo el territorio nacional.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que la empresa no logró justificar una causa objetiva de desvinculación y que el distracto, dispuesto inmediatamente después del alta médica, encubrió un trato discriminatorio por motivos de salud.
La decisión judicial confirmó la responsabilidad de una cafetería por los daños sufridos por una mujer al ser golpeada por una sombrilla mal sujeta en la vía pública.
Se trata de sanciones aplicadas por el Ministerio de Trabajo, por incumplimiento de normas de seguridad e higiene y laborales, en las que consideró que los repartidores de marcadería son trabajadores vinculados con la firma por Ley de Contrato de Trabajo.
Un joven con discapacidad intelectual leve tuvo que acudir a la justicia para exigir el respeto de sus derechos educativos frente a un desacuerdo entre progenitores.
El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 4 concluyó que el Estado debía responder por el contagio de COVID-19 de un prefecto ocurrido durante actos de servicio y ordenó indemnizar los daños físicos, psicológicos y morales derivados de la enfermedad.
Se trata de la primera demanda judicial en la materia. Ingresó en el Juzgado Federal de Santa Rosa.
El tribunal revocó la decisión que denegaba la extracción de datos del teléfono incautado. Consideró que la cantidad no resulta “escasa” a los fines del consumo personal y que el hallazgo casual en una emergencia no invalida la medida bajo la doctrina del “plain view”.
El tribunal entendió que colocar un pasacalle ofensivo, arrojar estiércol y distribuir panfletos puede resultar reprochable, pero no alcanza el umbral típico exigido para configurar delitos como atentado contra el orden público, amenazas coactivas, incitación al odio político, falsificación de patente o malversación de caudales públicos.
