- Wednesday 20 de May del 2026
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia. El Tribunal ratificó la potestad expropiatoria del Estado y la preeminencia de las leyes nacionales por sobre los estatutos de la empresa.
La decisión fue adoptada por el juez federal Enrique Lavié Pico, frente a una solicitud de Greenpeace y otras asociaciones civiles que consideraron que la Cámara de Diputados restringía fuertemente la participación de la sociedad en el debate del proyecto que reforma la ley de glaciares N°26.639
El Tribunal de Trabajo N° 2 de La Plata consideró que el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral vulnera los principios de igualdad, propiedad y progresividad. El fallo advierte que el mecanismo de "actualización impropia" genera una quita sustancial en las indemnizaciones de los trabajadores con causas iniciadas antes de la reforma.
Se trata del “Distrito Eco Urbano Berazategui Norte” que fue habilitado por una ordenanza municipal en una zona con protección ambiental.
Un fallo del Juzgado de Paz de Viedma reafirmó la protección al consumidor y la responsabilidad solidaria en la cadena de comercialización, tras el derrame de una bebida caliente por un envase defectuoso.
Así lo decidió la Corte Suprema de Justicia, reafirmando la jurisdicción federal sobre el aeropuerto de San Carlos de Bariloche.
La Cámara del Trabajo de Córdoba señaló que la modificación que habilita esa modalidad de pago resulta contraria al carácter alimentario del crédito, al principio protectorio, al derecho de propiedad y al principio de progresividad, concluyendo que la dilación en el pago desnaturaliza la reparación del trabajador.
Se conocieron los fundamentos de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 5 de la Capital Federal en la causa que investigó los hechos ocurridos el 14 de marzo de 1978 en la Unidad nro. 2 del Servicio Penitenciario Federal. Si bien no consideró que estos constituyeran un crimen de lesa humanidad, si entendieron que resultó una grave violación a los derechos humanos y por eso impuso condenas de 25 años de prisión a dos de sus responsables.
Posterior a la Reforma Laboral, la Cámara del Trabajo revocó una declaración de inconstitucionalidad de todo el Capítulo IV pero ratificó la objeción sobre los aportes, aspecto no tratado en la Ley de Modernización.
