La decisión cautelar ordenó al Estado Nacional a abstenerse de ejecutar cualquier acto que disponga reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras.
La medida cautelar fue adoptada por el juez federal Martín Bava a favor de una empleada de uno de los cincuenta y nueve Centros de Referencia que habían sido cerrados en el mes de marzo.
Luego de la decisión del Juzgado Federal de Río Gallegos que la mantuvo en el padrón y la posterior apelación del Ministerio Público Fiscal, ahora el máximo órgano nacional en materia electoral deberá decidir si la ex presidenta podrá dirigirse a votar en las elecciones legislativas de octubre.
Un fallo de la Sala de Feria rechazó un planteo de prescripción y habilitó la continuidad del proceso que investiga delitos sexuales cometidos contra una niña. El tribunal se apartó de lo recientemente resuelto en la causa “Ilarraz” por la Corte Suprema, y reafirmó que el inicio del cómputo prescriptivo debe fijarse desde la denuncia y no desde la comisión del hecho.
La empresa Naturgy Ban S.A. inició una demanda en busca de la declaración de la inconstitucionalidad de una ley de la provincia de Buenos Aires, en cuanto obliga a las empresas a establecer oficinas de atención en las ciudades cabeceras de cada municipio bonaerense.
En un fallo dividido, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la autorización para desbloquear el teléfono de un acusado, desestimando los argumentos de la defensa sobre la violación de garantías constitucionales.
Una beneficia litigió contra la suspensión de su programa que basó en supuestas incompatibilidades que, según se comprobó en el proceso judicial, no existieron.
La decisión de la Cámara Nacional Electoral ratificó el procesamiento sin prisión preventiva de una empleada de una agencia de medios, acusada de "inducir con engaños" al electorado mediante videos trucados difundidos en Facebook.
Tramita ante el Juzgado Federal de Rawson N°1 y busca la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de varios artículos del Decreto que disuelve la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
En una contienda entre el TSJ y la Cámara Nacional en lo Civil, el Máximo Tribunal ratificó la doctrina dispuesta en el precedente "Ferrari c/ Levinas".