- Saturday 23 de May del 2026
Una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Córdoba ordenó normalizar en 72 horas la cadena de pagos de las prestaciones previstas en la Ley 24.901. El tribunal consideró que las demoras ponen en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales para personas con discapacidad y afectan a un colectivo especialmente vulnerable.
La Cámara Comercial condenó al Banco Ciudad por incumplimientos en sus sistemas de monitoreo y seguridad, pero redujo la indemnización al considerar que la víctima contribuyó al fraude al descargar una aplicación de acceso remoto. El fallo distribuyó la responsabilidad: 80% para el banco y 20% para el cliente
La cautelar fue adoptada por el juez Raúl Ojeda, que entendió que las modificaciones introducidas por la Ley N° 27.802 implicaron una reforma regresiva y colocaron a la actividad en un "escenario de no norma" que afecta el principio protectorio y la libertad sindical. También cuestionó restricciones al derecho de huelga, la ultraactividad de los convenios y el financiamiento sindical.
Se consideró acreditada la responsabilidad de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense por no haber brindado una respuesta institucional eficaz frente a los hechos de hostigamiento sufridos por un alumno durante la secundaria.
La compañía de seguros LIBRA abonó la indemnización por robo a un cliente recién 7 meses después del acuerdo firmado y 17 días después de que se la notificara de la demanda, razón por la cual la Justicia la condenó a pagar daño punitivo, intereses, daño moral, lucro cesante y daño emergente.
Ello tras el rechazo de una medida cautelar que buscaba no sólo frenar las obras en dicha plaza sino suspender la remoción prevista del “Monumento a la Fraternidad”.
La sentencia consideró acreditado el carácter altruista de la donación y sostuvo que la limitación prevista en la Ley 27.447 no puede interpretarse de manera absoluta cuando están comprometidos el derecho a la vida, la salud y la autonomía personal.
La sentencia declaró la validez de la ley local que dispuso elevar de 5 a 9 el número de integrantes del máximo tribunal judicial provincial.
La Justicia Federal de La Plata dictó una medida cautelar interina para garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), luego de que fiscales especializados en delitos de lesa humanidad advirtieran sobre una situación de “extrema criticidad presupuestaria” que podría comprometer la continuidad de sus tareas periciales y la preservación de muestras biológicas vinculadas a causas por apropiación de niños durante la última dictadura.
La decisión suspendió los efectos de la norma que alteraba los tiempos máximos de servicio y mínimos de descanso del personal técnico y de seguridad a bordo.
