- miércoles 29 de abril del 2026
En el último día en ejercicio de facultades delegadas por la Ley Bases, el Gobierno disuelve y transforma distintas Agencias e Institutos Nacionales y centraliza las modificaciones de estructura organizativa bajo el Ministerio de Economía.
Dentro de las profundas reformas en materia de estructura organizacional impulsadas por Sturzenegger, se transformó al INTA en un organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Economía.
En el último día de las funciones delegadas, el Poder Ejecutivo oficializó una serie de reformas las cuales modifican las funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La Subsecretaria de Defensa del Consumidor derogó la normativa mediante la cual se había establecido qué cláusulas serían ser consideradas abusivas en contratos de consumo.
Este lunes mediante los decretos 450 y 452/2025 el Poder Ejecutivo dispuso la fusión de ENARGAS y ENRE bajo un mismo organismo; además adecuó el artículo 162 de la Ley Bases concerniente a la apertura total del mercado eléctrico.
El Ministerio de Economía dictó la Resolución 271/2025 donde se estipulan las flexibilizaciones.
Se trata de la Agencia Nacional de Promoción e Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; este viernes el Poder Ejecutivo reestructuró el organismo e impuso modificaciones amparado por las facultades delegadas.
Es por los delitos de asociación ilícita, tareas de inteligencia prohibidas, lavado de activos y extorsión, en el marco de la causa iniciada por extorsión al empresario Pedro Etchebest, al que le ofreció quitarlo de la causa “cuadernos” a cambio del pago de USD 300.000. También fueron condenados otros agentes de inteligencia y empresarios.
Este jueves el Poder Ejecutivo nacional en uso de las facultades legislativas otorgadas por la Ley Bases, impuso cambios en la reglamentación del recurso natural; se quitaron competencias al Estado para que el sector privado se encargue de garantizar la universalidad del servicio.
La medida fue oficializada por el decreto 1379/2025 publicado en el Boletín Oficial bonaerense; se implementa para fomentar la investigación científica y tecnológica, con el propósito de lograr un desarrollo sostenido, social y económico, tal como establece la Constitución provincial.
