- miércoles 21 de mayo del 2025
En el 2002 Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las normas que instauraron el corralito y ordenó la restitución del dinero depositado.
El presidente Alberto Fernández firmó el decreto que dispone su reintegro a la Sala II. El magistrado habÃa concursado para ese cargo y contó con acuerdo del Senado, pero en el 2018 solicitó su traslado a otro tribunal.
La norma busca proteger a las personas que en razón de su edad, género, estado fÃsico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, se encuentren en otras situaciones de considerable vulnerabilidad. A ellas se suman las personas jurÃdicas sin fines de lucro que orienten sus objetos sociales a dichos grupos.
Continúan prohibidas las reuniones sociales en espacios cerrados de más de diez personas y se fijaron pautas para el reinicio de clases presenciales.
Se trata de la suspensión de desalojos, de la vigencia de los contratos de locación vencidos y el mantenimiento de los precios de los alquileres, entre otras.
En el DNU que extiende el distanciamiento social hasta el 28 de febrero, el Poder Ejecutivo también fijó los parámetros para el regreso a las clases presenciales.
Un repaso de las demandas promovidas desde distintos sectores que piden que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.546. Cuestionan la regresividad de la norma y el traspaso de la liquidación de las jubilaciones de la órbita del Consejo de la Magistratura a la ANSES.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Walter Lara Correa, no hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Telecom Argentina.
Se trata de la ley 27.605 que establece que lo recaudado sea destinado a morigerar los efectos de la pandemia. La reglamentación brinda precisiones sobre los bienes comprendidos y su valuación.
Asà lo ordenó el juez de feria Lara Correa en la causa iniciada por la Asociación Unión de Consumidores de Argentina (UCA) para que se amplÃe el universo de personas alcanzadas por el Decreto 311/2020.
