- Thursday 22 de October del 2026
Se centra en la gestión, protección e intercambio de datos dentro de la Administración Pública. Implica un cambio conceptual, los datos dejan de tratarse exclusivamente como soporte documental o recurso informático y pasan a considerarse un activo estratégico del Estado
El Juzgado Federal de Santa Rosa hizo lugar a una medida cautelar interina solicitada por La Pampa y suspendió los artículos 3° y 4° del Decreto 982/2026. La medida mantiene provisoriamente el régimen anterior mientras el Estado Nacional presenta su informe y se resuelve la cautelar autónoma.
Se establecieron las pautas y condiciones mínimas para los permisos de uso y tenencia precaria sobre los bienes ubicados en las islas del litoral fluvial y marítimo bonaerense y en la Isla Martín García. Además, se creó un Registro específico para centralizar la información al respecto.
Cuatro listas competirán el próximo 20 de octubre.
Lo hizo a través de una medida cautelar autónoma contra el Decreto 982/2026, que dejó sin efecto el régimen de distribución vigente desde 1973 y asignó a Mendoza la totalidad de las regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles en el Río Atuel.
El Poder Ejecutivo dejó sin efecto el régimen vigente desde 1973 que distribuía los recursos en partes iguales entre Mendoza y La Pampa. Consideró que la fuente hidroeléctrica se encuentra íntegramente en territorio mendocino. La controversia por los períodos anteriores continúa judicializada ante la Corte Suprema.
La iniciativa busca brindar dispositivos y asistencia tecnológica a la Justicia Federal y Nacional para supervisar medidas alternativas a la prisión preventiva, detenciones domiciliarias y medidas previstas en el nuevo Régimen Penal Juvenil.
Con las 42 designaciones publicadas hoy, es el primer mandatario que más jueces nombró desde la creación del Consejo de la Magistratura.
El jurista alemán, creador de la teoría de la argumentación jurídica y la ponderación de principios, falleció a los 80 años. Su obra, que marcó un hito en la teoría constitucional contemporánea, sigue siendo un referente ineludible para jueces y juristas de todo el mundo.
Los lineamientos aprobados por la Procuración General son de aplicación obligatoria para todo el organismo. La normativa establece que la IA sólo podrá utilizarse como herramienta auxiliar, exige supervisión humana y fija un sistema de evaluación de riesgos para su incorporación institucional.
