El jurista alemán, creador de la teoría de la argumentación jurídica y la ponderación de principios, falleció a los 80 años. Su obra, que marcó un hito en la teoría constitucional contemporánea, sigue siendo un referente ineludible para jueces y juristas de todo el mundo.
Los lineamientos aprobados por la Procuración General son de aplicación obligatoria para todo el organismo. La normativa establece que la IA sólo podrá utilizarse como herramienta auxiliar, exige supervisión humana y fija un sistema de evaluación de riesgos para su incorporación institucional.
El Decreto 875/2026 reglamentó la ley que estableció la responsabilidad penal juvenil desde los 14 años. La norma creó un registro de supervisores, dispuso mecanismos de asistencia a las víctimas y articulación con las provincias, reguló la capacitación de operadores y estableció una sección especial en el Registro Nacional de Reincidencia.
Se oficializaron provisoriamente cuatro listas: dos por la Celeste, una por la Bordó y otra por Compromiso Judicial.
El Poder Ejecutivo reglamentó el procedimiento para sancionar actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina, incorporó controles para el acceso al RIGI y a concesiones y, mediante un DNU, amplió partidas destinadas a Defensa y otras áreas estratégicas. Las medidas fueron presentadas como parte de una política de fortalecimiento de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
También, se oficializó el nuevo acuerdo de Matilde Ballerini en la Cámara Nacional en lo Comercial.
El Ministerio de Justicia fijó la fecha para la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal de Entre Ríos. La jurisdicción se suma al cronograma de puesta en vigencia progresiva del nuevo régimen procesal penal en todo el país.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el CECIM La Plata promovieron una acción preventiva contra las empresas responsables del proyecto hidrocarburífero “León Marino” (Sea Lion), al considerar que su desarrollo amenaza ecosistemas del Atlántico Sur y avanza sobre recursos naturales ubicados en espacios respecto de los cuales la Argentina mantiene sus reclamos de soberanía. También solicitaron medidas cautelares para suspender las obras y su financiamiento.
Por unanimidad, resolvió que no se configuró la causal de mal desempeño.
Así lo definió el gobierno este lunes mediante el decreto 829/2026.