- miércoles 29 de abril del 2026
El Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires solicitó a la Suprema Corte bonaerense que instruya a los tribunales de familia para que, al resolver procesos de determinación o restricción de la capacidad, indiquen expresamente cómo impacta esa decisión en los distintos derechos electorales de la persona. La medida busca adecuar la práctica judicial al paradigma actual de capacidad jurídica y a los estándares de derechos humanos.
Este lunes el Poder Ejecutivo oficializó la norma sancionada por el Congreso de la Nación.
En el día de la mujer realizamos un repaso del Compendio de Normas y Jurisprudencia en clave de Género, coordinado por Agustina Pilar Cuerda y María Emilia Gutzos.
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó una nueva entrega del “mapa de género de la justicia argentina”, informe que actualiza anualmente sobre el estado de ocupación de cargos en el ámbito judicial y se constituye como una gran herramienta de recolección estadística para promover la igualdad de género.
Un análisis sobre las movilizaciones multitudinarias que lograron cambios significativos en Argentina y los reclamos que aún exigen una respuesta del Estado. Si de deudas pendientes se trata, democratizar la Justicia en clave feminista es de las más necesarias.
A través del Acuerdo 4420, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispuso la creación del Registro de Casos de Género que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales, destinado a centralizar la información de situaciones en las que se detecten desigualdades estructurales por razones de género.
Sebastián Amerio será el Procurador del Tesoro de la Nación.
La Unidad de Medida Arancelaria se fijó en $89.875, con vigencia desde el 1° de enero.
Este viernes el Poder Ejecutivo oficializó la Ley de Modernización N° 27.802 mediante el decreto 137/2026 publicado en la última edición del Boletín Oficial.
El pasado enero se dio a conocer el nuevo código penal que, entre numerosos retrocesos, legaliza la violencia de género y la esclavitud. Organizaciones de derechos humanos buscan impedir su aplicación.
