- miércoles 29 de abril del 2026
Esta madrugada se oficializó en el Boletín Oficial la ley N 15.513, que modificando el Código Procesal bonaerense, introdujo cambios sobre el proceso judicial para reclamar alimentos.
De esta manera la Provincia de Buenos Aires saldará los períodos adeudados del término 2014-2024 por un monto de $11.400 millones, los que serán destinados a realizar obras en la Avenida 60 y en la Plaza San Martín. Con el acuerdo se pone fin a los reclamos judiciales y administrativos iniciados por la Comuna.
Regirá a partir del 1° de enero debido a que “a la fecha no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025”.
Este lunes el Gobierno Nacional oficializó nuevamente la cifra en carácter de Bono Extraordinario Previsional a otorgarse junto a las jubilaciones, pensiones y asignaciones.
El Ministro de Justicia había presentado el pedido debido a “razones de delicadeza” por la cercanía con el postulante a ocupar el sitio en el Máximo Tribunal; en su lugar seguirá con el procedimiento la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Este jueves el Gobierno Nacional publicó la Resolución 17/2024 donde dio un aumento de $8.200; el monto para diciembre quedó en $279.718, pese a los $520.000 exigido por la CGT y las dos CTA.
El Gobierno publicó las Disposiciones referidas a la Ley N° 27.642 sobre las leyendas octogonales en los productos alimenticios; se podrá autorizar a las empresas a agotar lo ya producido para luego adecuarse.
El gravamen destinado a financiar al PAMI, la ANSES y la obra pública comprendía 5 períodos fiscales desde la sanción de la Ley que concluyó este lunes 23 de diciembre. Ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo impulsaron la renovación o la prórroga.
A través del decreto 1112/2024 publicado este viernes el Gobierno modificó los alcances y las limitaciones del Sistema de Defensa Nacional a la vez que deroga el decreto 726/2006.
Así lo decidió el juez federal Enrique Lavié Pico. Consideró que se trató de una decisión de otro poder del Estado que no admite revisión judicial.
