Así lo resolvió el máximo tribunal de la Provincia de Buenos Aires haciendo lugar a un reclamo de la Federación de Sindicatos Municipales bonaerenses.
Se consideró que el Estado de Nicaragua es responsable por no garantizar el acceso a la Justicia de una niña víctima de abusos y de violación sexual.
Lo publicó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el portal del Programa Justicia 2020.
Organizaciones de Derechos Humanos elaboraron un informe con el marco jurídico sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
La magistrada María José Sarmiento sostuvo que esa acción configura un ilícito continuo.
El procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó a favor de mantener la actual integración del Consejo de la Magistratura de la Nación con 13 miembros, establecida por ley 26.080 de 2006 originada de un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner.
Es en el marco de una causa que investiga la defraudación del Estado Nacional en la venta de la participación estatal en Petrobras a Pampa Energía.