El Decreto 875/2026 reglamentó la ley que estableció la responsabilidad penal juvenil desde los 14 años. La norma creó un registro de supervisores, dispuso mecanismos de asistencia a las víctimas y articulación con las provincias, reguló la capacitación de operadores y estableció una sección especial en el Registro Nacional de Reincidencia.
Se oficializaron provisoriamente cuatro listas: dos por la Celeste, una por la Bordó y otra por Compromiso Judicial.
El Poder Ejecutivo reglamentó el procedimiento para sancionar actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina, incorporó controles para el acceso al RIGI y a concesiones y, mediante un DNU, amplió partidas destinadas a Defensa y otras áreas estratégicas. Las medidas fueron presentadas como parte de una política de fortalecimiento de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
También, se oficializó el nuevo acuerdo de Matilde Ballerini en la Cámara Nacional en lo Comercial.
El Ministerio de Justicia fijó la fecha para la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal de Entre Ríos. La jurisdicción se suma al cronograma de puesta en vigencia progresiva del nuevo régimen procesal penal en todo el país.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el CECIM La Plata promovieron una acción preventiva contra las empresas responsables del proyecto hidrocarburífero “León Marino” (Sea Lion), al considerar que su desarrollo amenaza ecosistemas del Atlántico Sur y avanza sobre recursos naturales ubicados en espacios respecto de los cuales la Argentina mantiene sus reclamos de soberanía. También solicitaron medidas cautelares para suspender las obras y su financiamiento.
Por unanimidad, resolvió que no se configuró la causal de mal desempeño.
Así lo definió el gobierno este lunes mediante el decreto 829/2026.
Se trata de una política del Ministerio de Salud de la Nación, aprobada por resolución que se publicó en el Boletín Oficial.