El caso se trata de un magistrado que fue sancionado por enviar un trabajo académico a la Corte Suprema chilena donde reprochaba el rol que el Poder Judicial había cumplido durante la dictadura militar de Pinochet.
Conforme el decreto presidencial, desde el 9 de noviembre hasta esa fecha regirá la suspensión del curso de los mismos.
Era el único lugar geográfico que no había ingresado en etapa de Distanciamiento, Social Preventivo y Obligatorio. El decreto comienza a regir el 9 de noviembre y tiene como fecha de corte el 25 del mismo mes.
Se trata de 14 designaciones en el Poder Judicial de la Nación y 9 en el Ministerio Público.
De esta forma, Castelli permanecerá provisoriamente a cargo del TOF N°7 hasta tanto se resuelva el fondo de la causa por la que inició el amparo.
Con más del 78% de los votos, el pueblo chileno eligió dejar atrás la constitución de 1980, dictada durante el gobierno de facto de Augusto Pinochet.
Así lo resolvió el Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en una resolución que se les imputan distintos delitos y se los considera parte de una "organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafioso".
La jueza Victoria Mosmann hizo lugar parcialmente a un amparo colectivo y dispuso que se realicen distintas acciones para eliminar los obstáculos que impiden el acceso de las mujeres a los cargos jerárquicos.
La nueva prórroga será hasta el 25 de octubre.
El pasado jueves 8 de octubre en el Senado bonaerense se aprobó el proyecto de ley presentado de forma unificada por el diputado Lipovetzky y el senador Durañona que modifica el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.