- Sunday 23 de August del 2026
Este jueves mediante el decreto 716/2026, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto lo implementado el 30 de julio debido a reclamos que paralizaron el sector.
Establece la obligatoriedad de implementar medidas de seguridad en elementos recreativos, deportivos y lúdicos, tales como arcos de fútbol, aros de básquet y juegos de plaza.
Mediante la Acordada 18/2026, el Máximo Tribunal estableció en $495.049.855.166 su presupuesto de gastos para el próximo ejercicio, fijó una planta de 4.732 cargos y aprobó un plan de obras. En los fundamentos sostuvo que los techos presupuestarios comunicados por Economía no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas del Tribunal.
La justicia de Rosario dispuso que un deudor persistente abone la mesada mediante la boleta de la EPE, bajo apercibimiento de corte. El fallo consideró que el incumplimiento constituye violencia económica y que el derecho alimentario debe primar sobre cualquier otro interés.
La iniciativa legislativa establece como misión fundamental de la entidad la preservación del valor de la moneda y modifica el régimen de remoción de sus autoridades, exigiendo el acuerdo del Congreso. Asimismo, redefine el tratamiento de las utilidades y faculta a la institución a adquirir títulos públicos en el mercado primario.
Mediante Decreto de Necesidad y Urgencia, modificó la Ley de Migraciones para impedir la admisión o decretar la expulsión de extranjeros que promuevan la violencia contra ciudadanos argentinos o agravien los símbolos nacionales
Breve repaso por el surgimiento de esta fecha, su encuadre legal en Argentina y el nuevo desafío que impone la trata transnacional vinculada a la ciberdelincuencia.
Mediante la aprobación del documento detallado en el decreto 742/2026, el gobierno bonaerense definió los lineamientos para la inclusión de la herramienta en el sector público provincial.
Se oficializó mediante los decretos registrados en el Boletín Oficial; además se designó al subsecretario de comunicación y medios.
El Ministerio de Justicia adoptó medidas vinculadas con el sello especial previsto por la Ley 22.172, utilizado para autenticar comunicaciones entre tribunales nacionales, provinciales y organismos públicos de distintas jurisdicciones.
