Este martes el Poder Ejecutivo decidió dejar sin efecto una serie de resoluciones aplicadas al funcionamiento de la economía interna, los mercados regionales y supermercados.
Este martes el Gobierno Nacional derogó más de 50 normativas regulatorias sobre el comercio interno, la fiscalización de precios y programas de fomento económico. Las medidas fueron oficializadas mediante la resolución 12/2026 de la Secretaría de Comercio y la disposición 534/2026 de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial.
A criterio de la actual gestión libertaria, en base a la Ley Bases N° 27.742 y el DNU 70/23 muchas de las normativas sobre regulación y gestión económica quedaron sin efecto en la práctica.
Tal como se indica en los considerandos de la norma las resoluciones derogadas corresponden a las siguientes leyes: N° 19.227 de Mercados de Interés Nacional, sobre la Ley de Abastecimiento N° 20.680, la N° 26.992 de Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios y resoluciones sobre la Ley de Góndolas N° 27.545.
Entre los argumentos del Gobierno se evidencian los motivos de la decisión: “La eliminación de normas innecesarias contribuye a una mayor claridad en el marco legal, y facilita su interpretación y aplicación por parte de los ciudadanos y los operadores jurídicos, lo que reduce la ambigüedad y la incertidumbre jurídica”.
Respecto a la disposición 534/2026 se derogó la resolución 236/2021 de la entonces Secretaria de Comercio Interior por la que se aplicaba lo indicado en la Ley N° 26.061. La misma tiene como objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente.
Mediante dicha resolución se estableció la posibilidad de interponer reclamos ante la Ventanilla Única Federal de Defensa al Consumidor para adolescentes de 13 a 17 años.
Esto fue eliminado trayendo a colación lo expuesto en el código civil y comercial de la nación, el cual “ya establece un marco normativo suficiente al consagrar el principio de capacidad progresiva y, de forma explícita, el derecho a ser oídos de los adolescentes”.
Accedé a la resolución 12/2026
Accedé a la disposición 534/2026
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