- lunes 08 de diciembre del 2025
Así lo oficializó el Gobierno Nacional este martes mediante la resolución 54/2025; está destinado a organismos y jurisdicciones que requieran de personal para la cobertura de posibles vacantes.
El 15 de julio de 2010 se aprobaba en el Senado de la Nación la Ley 26.618, que eliminó el requisito de diversidad de sexo para contraer matrimonio.
Este jueves la Cámara Alta votó afirmativamente varios proyectos y los giró al Poder Ejecutivo para su promulgación; además rechazaron el veto a la ley 27.790 sobre la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales.
El Gobierno inició el proceso de privatización total de la empresa estatal, tal como se estipuló en la Ley Bases; para ello necesitó extender el período de intervención hasta concretar su objetivo.
Modificó la estructura de los organismos descentralizados del Ministerio de Salud, eliminando dichos institutos y unificando la administración de cinco hospitales en un nuevo organismo.
La medida abarca también a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a la Comisión Nacional de Tránsito. Además, se dispuso la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a denominarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”.
En el último día en ejercicio de facultades delegadas por la Ley Bases, el Gobierno disuelve y transforma distintas Agencias e Institutos Nacionales y centraliza las modificaciones de estructura organizativa bajo el Ministerio de Economía.
Dentro de las profundas reformas en materia de estructura organizacional impulsadas por Sturzenegger, se transformó al INTA en un organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Economía.
En el último día de las funciones delegadas, el Poder Ejecutivo oficializó una serie de reformas las cuales modifican las funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La Subsecretaria de Defensa del Consumidor derogó la normativa mediante la cual se había establecido qué cláusulas serían ser consideradas abusivas en contratos de consumo.
