- lunes 10 de noviembre del 2025
En el caso Trump v. ORR Suprema Corte de Estados Unidos sostuvo que “mostrar el sexo de nacimiento de los titulares de pasaportes no infringe los principios de igualdad ante la ley”.
La Suprema Corte de Estados Unidos revocó una medida cautelar que impedía al gobierno federal aplicar una orden ejecutiva que exigía que los pasaportes reflejaran el sexo biológico de una persona al nacer -femenino o masculino-, impidiendo la identidad autopercibida.
El presidente Donald Trump decretó -en la orden ejecutiva 14168- que el sexo de una persona es el asignado al nacer (“male” o “female”) y estableció que los secretarios de estado y de seguridad nacional deberán adecuar los documentos de identificación emitidos por el gobierno, tales como pasaportes, visas y las tarjetas Global Entry, conforme lo reglamentado.
Más tarde, ciudadanos estadounidenses transgénero demandaron al gobierno federal ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts por vulneración de la Cláusula de Igual Protección y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). En este sentido, el órgano jurisdiccional hizo lugar a la suspensión de la aplicación de la orden ejecutiva de manera cautelar.
Llegado el asunto a la Suprema Corte, por mayoría concedió el stay, es decir que la orden ejecutiva permanecerá en vigor mientras se desarrolla el juicio en los tribunales inferiores. En el voto sostuvieron que “mostrar el sexo de nacimiento de los titulares de pasaportes no infringe los principios de igualdad ante la ley más que mostrar su país de nacimiento; en ambos casos, el Gobierno simplemente da fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato discriminatorio”.
Agregó que los demandados no han logrado demostrar que lo decretado por el gobierno tenga como único propósito el deseo de dañar un grupo políticamente impopular, y por ende consideró probable al gobierno le asista razón en el fondo del asunto dado el departamento de estado no actuó en forma arbitraria, sino que lo hizo en cumplimiento con la orden ejecutiva 14168.
Sin embargo, la jueza Ketanji Brown Jackson votó en disidencia -de manera conjunta con Sotomayor y Kagan- y sentenció que el gobierno federal pretende aplicar de inmediato una nueva política de dudosa legalidad, pero no ofrece pruebas del perjuicio que sufriría por la suspensión cautelar de la orden ejecutiva más que la mera alegación de un interés urgente en política exterior para dictar marcadores de sexo en los pasaportes.
En esta línea, destacó que los demandantes están expuestos a un daño inminente y concreto si la política entra en vigor, tales como distintas violencias, acoso y discriminación. Ejemplificando el caso de Chastain Anderson, quien testificó haber sido sometida a un registro corporal completo cuando viajaba con documentos de identidad que no coincidían con su expresión de género actual.
Por estas razones, concluyó que los perjuicios sufridos por estos demandantes, como arriesgarse al acoso y a las invasiones corporales, superan el interés del gobierno en la implementación inmediata de la política de pasaportes. Esto pone en juego la equidad dado que la resolución del presente caso le dará “escasas ventajas” al gobierno e implicará una carga innecesaria para los perjudicados.
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