- lunes 10 de noviembre del 2025
Los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones con competencia penal alertaron que, si se mantiene esa disminución, se afectará el normal funcionamiento de los tribunales.
Los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones con competencia penal de la República Argentina expresaron profunda preocupación por el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 del Consejo de la Magistratura –Poder Judicial de la Nación– actualmente en trámite ante el Honorable Congreso de la Nación. Advierten que el crédito asignado implicaría una reducción del 8% general y del 74% en Bienes de Uso.
A través de un comunicado, manifestaron: “De mantenerse esa previsión, se afectaría gravemente el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial, pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Asimismo, destacaron que la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera judicial constituyen condiciones indispensables para asegurar su efectiva independencia.
“El orden constitucional y el imperio de la ley deben prevalecer por sobre coyunturas económicas. Asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido”, enfatizaron.
Los camaristas también señalaron que la modernización y la plena implementación del sistema procesal penal federal requieren recursos adecuados. En ese contexto, indicaron que la reducción del 74% en Bienes de Uso impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica, esenciales para garantizar un servicio de justicia eficiente y moderno.
Por último, concluyeron: “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhortamos a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y adecuado a sus reales necesidades, en resguardo del equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible”.
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