Este martes el Gobierno Nacional desreguló la actividad educativa estatal de gestión privada; ahora podrán incrementar los valores sin aviso a las familias y dentro del mismo año lectivo.
En el marco del sendero de la desregulación económica, el Gobierno Nacional derogó el decreto 2417/1993 el cual fijaba pautas para los incrementos en matrícula y cuotas de las instituciones educativas estatales de gestión privada. El objetivo de la flexibilización es contrarrestar la “incertidumbre económica para los institutos”, pudiendo incrementar las cuotas sin autorización del Estado.
Mediante el decreto 787/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial se derogó el marco regulatorio de la educación privada subsidiada por el Estado con el argumento de que “dicha intervención, al exigir a los establecimientos la presentación de los montos de las cuotas y de la matrícula con anticipación, limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.
Hasta ahora las instituciones debían presentar por escrito a las familias, antes del 31 de octubre de cada año y para el período lectivo del año siguiente, los valores económicos de los siguientes puntos:
-Importe de la matrícula de inscripción o reinscripción y condiciones de reintegro de la misma en caso de arrepentimiento;
-Cantidad de cuotas totales por servicios educativos, que se percibirán únicamente durante el año lectivo;
-Monto de cada una de las cuotas, y formas y pagos de los recargos por moras.
En noviembre las instituciones informaban de los montos recién mencionados al Ministerio de Capital Humano. El Estado hasta ahora tenía la potestad de suspender los aportes de las contribuciones estatales si percibía valores superiores a los correspondientes.
Con la derogación del decreto 2417/2025 el monto de los aranceles podrá ser modificado durante el transcurso del año lectivo para el cual fue anunciado; es decir no tendrá que permanecer invariable hasta su conclusión.
Esta normativa para el Gobierno Nacional creaba una “situación de incertidumbre económica para los institutos”, presentando limitaciones y requerimientos dificultosos para la adaptación de los institutos a las realidades “económicas del país”.
La normativa derogada afirmaba que corresponde establecer pautas respecto a los aranceles anuales “ya que un aumento injustificado de los mismos (...) repercute negativamente entre los que requieren la prestación de servicios”. La norma se encargaba de “ejercer un efectivo control en resguardo de los derechos de los padres o responsables de los alumnos sobre eventuales variaciones de los valores arancelarios”.
El decreto publicado este martes instruye al Ministerio de Capital Humano para que mediante la Secretaría de Educación revise las pautas contenidas en el decreto 2542/1991 y eleve una propuesta de modificación.
La normativa 787/2025 lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Manuel Adorni, la ministra de capital humano Sandra Pettovello y el ministro de economía Luis Caputo.
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