El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10, a cargo de Esteban Furnari, consideró que no era procedente la acción debido a que el Estado había contestado el pedido de acceso a la información pública realizado por la actora.
Así lo señaló el Fiscal General ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta.
El Juez Enrique Lavié Pico consideró que el organismo no cumplió con los cánones básicos de la Ley 27.275.
Así lo estableció la justicia porteña ante un pedido de un abogado respecto a acciones tomadas por el Gobierno de la Ciudad en el marco de la pandemia.
El Poder Legislativo aprobó un acuerdo internacional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental, que busca proteger el derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y con un desarrollo sostenible
Por la existencia de una vía judicial más idónea que es la contemplada en la Ley de Acceso a la Información Pública.
Así lo dispuso la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y estarán disponibles en su sitio web. La medida busca ampliar el acceso a la información judicial. Conocé los detalles de su implementación.
El juez Walter Lara Correa consideró que es la ANSES y no el Ministerio de Desarrollo Social la encargada de informar los datos personales de los beneficiarios. Sin embargo, aclaró que ello no implica que esa información pueda estar exceptuada de su divulgación por contener datos personales o sensibles.
Esta vez lo hizo una Cámara de la justicia provincial en Mar del Plata, que consideró que el planteo de la Asesoría de Incapaces no cumplía con la verosimilitud en el derecho para suspender una ley votada en el Congreso y que se enmarca en un compromiso internacional adoptado por el Estado argentino.
Los camaristas sostuvieron que la cautelar coincide con el fondo del planteo, motivo por el cual no debía adelantarse opinión.
La ONG CEPIS busca que se obligue a la empresa distribuidora de energía eléctrica a proporcionar información sobre el suministro eléctrico en el Gran La Plata.
Se trata de la norma sancionada a fines de 2020 por la legislatura bonaerense, que busca garantizar asesoramiento, asistencia jurídica y protección a las víctimas en procesos penales.
La Justicia Federal consideró que se trata de un sujeto obligado por la Ley de Acceso a la Información Pública en su carácter de prestador de un servicio público.
Tendrá como objetivo principal recopilar, sistematizar y analizar información sobre el acceso a derechos. En este sentido, se lanzó una web que brinda asistencia remota.
Un repaso por las noticias institucionales más relevantes y por algunas de las sentencias más trascendentales que dictó el máximo tribunal en el año que pasó.
La funcionaria se desempeñaba como subsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros
El programa busca permitir el acceso y la conexión a la red, previendo el otorgamiento de subsidios para solventar el costo de los trabajos correspondientes a la instalación interna del servicio de gas por redes.
Ante lo sucedido, se aseguró un sistema de emergencia para garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía. Asimismo, declararon inhábiles a los fines procesales y administrativos del 16/8 al 19/08.
La Justicia Federal remarcó que el Poder Ejecutivo puede clausurar estadios, pero que la competencia para fijar prohibiciones de concurrencia es de los jueces penales.
En el marco del Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, que se oficializó con la Resolución 119/2022.
Así lo dispuso el juez federal Pablo Cayssials al hacer lugar parcialmente a una acción de amparo. El caso surgió ante la falta de respuesta del organismo a un pedido de acceso a la información pública formulado en el marco de la Ley 27.275.
El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario del Estado contra la decisión de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Ratificaron la decisión que ordenó suministrar los datos sobre el cobro que perciben quienes fueron presidentes y vicepresidentes.
En el marco de la acción de lesividad iniciada por el Gobierno Nacional, se suspendió cautelarmente el mecanismo de compensación acordado en la renegociación de contrato aprobada por Macri, y designaron interventor para la empresa AUSOL SA
Entendió que la información puesta a disposición por la autoridad de aplicación no resulta suficiente para avalar los estándares constitucionales vigentes. La Ministra de Salud adelantó que apelarán la medida.
Así lo dispuso el juez federal Enrique Alonso Regueira en el marco de una acción promovida por la Fundación Poder Ciudadano. El magistrado consideró que los datos requeridos estaban comprendidos dentro de las excepciones que prevé la Ley de Acceso a la Información Pública.
La Cámara de Apelación de La Plata resolvió en favor de la posibilidad de ejercer la defensa de los derechos de los consumidores por ante la Justicia de Paz Letrada, en tanto se trate del domicilio más cercano y cuentan con competencia en la materia
Entrará en vigencia a partir del 1° de agosto. El objetivo es brindar mayor seguridad y reducir el riesgo de accesos no autorizados al sistema Conoce los requerimientos.
Tiene el objetivo de velar por el efectivo cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la ley 27.275 y promover medidas de transparencia activa. El plazo de inscripción es del 12 al 16 de junio. Conocé los requisitos.
La presentación de basa en la Ley de Acceso a la Información Pública ante la imposibilidad de visualizar el contenido del documento.
Fue ante la negativa de entregar datos sobre abortos legales frente a un pedido de un grupo de asociaciones.
Así lo estableció la Agencia de Acceso a la Información Pública a través de la Resolución 161/2023 publicada este lunes. Analizar, evaluar, y realizar informes sobre el estado de la IA entre sus funciones.
Se trata del caso donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice una solución habitacional para una madre que vivía en situación de calle con su hijo con discapacidad motriz.
La Dirección Nacional de Vialidad, a través de la Resolución 197/2024, fijó el incremento de los valores de los accesos a la Capital Federal. El mismo se otorgó por el "contexto inflacionario" y es del 100%.
Así lo resolvió el Juez Federal Martín Cormick e intimó al Ministerio de Seguridad a cumplir con el pedido de acceso requerido por el CELS
La medida busca facilitar la comprensión de providencias, notificaciones, resoluciones y sentencias. Se implementarán actividades de capacitación dirigidas a empleados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
Así se detalló en la Resolución 178/2024, firmada por el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Será para reforzar los canales de atención no presenciales "sin que ello implique erogación presupuestaria alguna".
La pretensión exige que el Poder Ejecutivo de "certezas sobre cómo se cumplirán las obligaciones legales para prevenir la violencia contra las mujeres".
Así lo dispuso la Dirección Nacional de Vialidad. El nuevo cuadro tarifario entrará en vigencia este miércoles, con precios que irán -en horario pico- de $300 a $3.000 según el tamaño del vehículo.
Mónica Edith Frade, Maximiliano Ferraro y María Victoria Borrego, diputados nacionales por la Coalición Cívica, presentaron la acción que recayó ante el juez federal Santiago Carrillo. Solicitaron una medida cautelar para que se suspenda su vigencia.
La sentencia consideró que los accionantes no estaban legitimados dado que, para litigar, primero hay que obtener una respuesta negativa estatal al pedido de datos.
Análisis de una norma que afecta un derecho esencial para el funcionamiento del sistema democrático.
Una decisión de la Justicia Contencioso Administrativo Federal en el marco de una causa iniciada por la asociación "Poder Ciudadano"
Así lo decidió la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. Conocé la resolución judicial.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó una decisión que había considerado que un grupo de legisladores no estaban legitimados para demandar.
Confirmaron la decisión judicial que admitió el amparo de la diputada Natalia Zaracho.
Tras el cierre del Centro de Información Judicial (CIJ), la nueva herramienta se aloja en sitio oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este jueves el Poder Ejecutivo nacional en uso de las facultades legislativas otorgadas por la Ley Bases, impuso cambios en la reglamentación del recurso natural; se quitaron competencias al Estado para que el sector privado se encargue de garantizar la universalidad del servicio.
Tal como lo estipula la Resolución 231/2025 del Ministerio de Transporte, la medida incluye servicios públicos regulares urbanos e interurbanos de media y larga distancia, así como el fluvial del Delta del Paraná.
La medida alcanza a una nómina de empleados y sus eventuales vínculos familiares, así como al detalle de eventuales proyectos para modificar su estructura y funcionamiento.
El Máximo Tribunal consideró que el Fisco no puede revelar esos datos, salvo ante los casos de excepción previstos en la ley.