- viernes 17 de enero del 2025
La pretensión exige que el Poder Ejecutivo de "certezas sobre cómo se cumplirán las obligaciones legales para prevenir la violencia contra las mujeres".
Las entidades Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Asociación Civil Ni Una Menos, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y la Fundación Mujeres por Mujeres iniciaron una acción judicial colectiva contra el Poder Ejecutivo Nacional para que de certezas sobre cómo se cumplirán las obligaciones legales para prevenir la violencia contra las mujeres.
Concretamente, la pretensión colectiva demanda claridad sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes; y sobre todo cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido
El colectivo representado, según el texto de la demanda, está "conformado por las niñas, adolescentes y mujeres de todo el territorio nacional que se encuentren actual y potencialmente afectadas por la violencia de género, en estado de múltiple vulnerabilidad. En primer lugar, por ser víctimas o potenciales víctimas de violencia de género, y en particular, para aquellas que puedan carecer de suficientes recursos socio-económicos y/o información y acompañamiento adecuado para reclamar justicia frente a la vulneración de sus derechos".
Asimismo, requirieron una medida cautelar que ordene al Poder Ejecutivo y Ministerio de Justicia de la Nación a que "se abstengan de reducir los recursos humanos y la infraestructura institucional afectada a labores dependientes de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia y de realizar otras medidas de reorganización–como la reasignación de recursos físicos y humanos a otros fines–, así como también se sostenga la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de estos organismos".
La causa fue radicada ante la Justicia Contencioso Administrativo Federal y recayó en el Juzgado N° 1 de ese fuero, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira.
