- miércoles 29 de abril del 2026
El máximo tribunal de la Provincia envió un proyecto de ley para obtener autonomía presupuestaria y autarquía económica. Durante el anuncio, se alertó por la crítica situación de los cargos sin cubrir, que afecta la velocidad del servicio de justicia.
En un acto institucional encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Sergio Gabriel Torres, acompañado del ministro Daniel Soria, la ministra Hilda Kogan, y el Procurador General, Julio Conte-Grand, se exhortó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a cubrir las vacantes del Poder Judicial y se presentó formalmente un proyecto de ley para la autonomía presupuestaria y autarquía económica-financiera.
“Como pueden observar somos tres, cuando debiéramos ser siete. El Tribunal se encuentra inéditamente desintegrado” inició Torres, destacando la urgencia de normalizar la composición de la Suprema Corte. Además, se recordó que aún quedan más de 200 vacantes por cubrir en juzgados de toda la provincia, una situación que el tribunal calificó como un incumplimiento sistemático de los plazos constitucionales.
En el acto llevado a cabo en la Sala de Audiencias de la Suprema Corte, se presentó además el proyecto de ley enviado al Poder Legislativo. Señaló Torres que se trata de un proyecto construido con la participación y el acuerdo de la Suprema Corte, la Procuración General, el Colegio de Magistrados y Funcionarios (CMFBSAS), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los colegios de Abogados.
El eje central de la propuesta es lograr la autonomía presupuestaria y la autarquía económica-financiera, independizándose para definir sus gastos y salarios.
Entre otros puntos, en el proyecto se faculta al Poder Judicial a elaborar su propio presupuesto y enviarlo al Poder Legislativo, en el que se deben destinar un 65% a la jurisdicción Administración de Justicia y 35% al Ministerio Público.
Se prevé la aplicación de las normas complementaria de presupuesto, administración financiera y contrataciones del Estado, así como se establece que la Suprema Corte tendrá a su cargo la infraestructura edilicia, pudiendo ejecutar por si las obras que, por el monto, no necesiten de la participación del Poder Ejecutivo.
Así también, se incorpora en el proyecto la creación de un Comité integrado por el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para diseñar un plan de armonización financiera; una Comisión Bicameral de seguimiento de implementación de la ley; un Fondo Fiduciario de Infraestructura e Innovación Tecnológica para financiar la construcción de nuevos edificios judiciales, el mantenimiento de los existentes y la compra de equipamiento tecnológico avanzado.
Destina un capítulo especial para la negociación colectiva con el personal del Poder Judicial, determinándose la conformación de la comisión de negociación, con representación sindical de los agentes y la posibilidad de participación del Poder Ejecutivo al solo efecto de obtener y aportar información de orden económico y financiero.
Al respecto, en la presentación se reiteró la siempre mencionada brecha de los salarios de los agentes judiciales bonaerenses con los del fuero federal. En la comparación con el orden nacional, afirmó Torres que, "la diferencia salarial entre el Poder Judicial de la provincia y el de la Nación muestran brechas significativas, superiores al 50% en promedio y considerablemente mayores en determinados cargos".
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