- miércoles 29 de octubre del 2025
El mismo deberá establecer también quiénes serán beneficiarios de las asignaciones compensatorias al salario y de los REPROs de asistencia por la emergencia.
De esta manera el Gobierno oficializa el traspaso de la totalidad de los programas sociales al “sistema formal de trabajo” desde el 1 de enero del 2024. Conocé los detalles.
Así lo dispone el decreto publicado este miércoles, derogando la norma vigente de 1997 donde se expone que para ser beneficiario de la asistencia tiene que haber una reducción en la “capacidad laborativa”.
El juez federal Walter Lara Correa hizo lugar a un amparo presentado por una mujer que integra una familia monoparental, tiene un hijo con discapacidad y había sido trasladada por el Servicio Penitenciario Federal a cumplir tareas en otra dependencia.
Un reciente fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata reafirmó la doctrina de la Corte bonaerense en materia de autonomía municipal.
Se trata de una capacitación destinada a trabajadores y trabajadoras de la administración pública que busca desarrollar un abordaje integral y transversal de los problemas y demandas que deben resolverse en la gestión estatal.
La prestación se considerará parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad
El programa otorga una asistencia de $ 22.000 para los trabajadores en empresas de sectores críticos, para los de salud, y los monotributistas o autónomos
La sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal consideró que la figura de "locación de servicios" extendida en el tiempo ocultaba una relación de dependencia.
Un análisis a la luz de una reciente decisión del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.
La medida alcanza a las entidades regidas por la ley 24.146 y regirá hasta el 31 de diciembre de 2023.
Un repaso por las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días.
El Máximo Tribunal anuló una resolución de la Defensoría General de la Nación que disponía la cesantía de una empleada interina por razones disciplinarias sin sumario previo. Entendió que se había afectado su derecho de defensa en violación a normas constitucionales y convencionales.
Fue a través de la Resolución N°5/2023. Se acordaron aumentos escalonados y un piso de casi $88.000 para el 1° de julio de este año.
La Corte Suprema dispuso la creación de registros para que puedan postularse para trabajar en la Justicia. Lo ordenó a través de una acordada a fin de dar cumplimiento con la ley 27.636 "Diana Sacayán-Lohana Berkin".
Reiteró que las decisiones de política administrativa, en la medida que sean razonables, no son materia justiciable, y que debe reconocerse a la Administración amplitud en el ejercicio de sus facultades discrecionales.
Además, se dispuso la prórroga de la prohibición de designar y contratar personal en las Entidades del Sector Público Nacional hasta el 31 de marzo de 2024. También se revisarán contrataciones realizadas con anterioridad al 2023.
Lo decidió el Juzgado Federal N°2 de Catamarca al declarar la nulidad de la resolución por considerar que no se encontraba correctamente enmarcada en los supuestos establecidos en el Decreto N°84/2023 que dispuso la no renovación de los contratos de empleados públicos.
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia confirmó una sentencia de Cámara que había anulado actos administrativos sancionatorios contra una empleada pública. Para hacerlo,valoró la especial situación de vulnerabilidad en la que se hallaba la actora.
El Decreto N°556/2024 firmado por el Presidente Javier Milei habilita a renovar las contrataciones de personal hasta el 30 de septiembre.
Está pautada para el próximo jueves por conexión virtual, y las personas representantes ofrecerán argumentos para los nuevos montos del Salario Mínimo y la prestación por Desempleo, entre otros temas.
La decisión consideró que las diversas formas de empleo y contratación hacen imposible decidir en un solo juicio por todas las situaciones.
Así lo resolvió la jueza provincial María Victoria Bacci al otorgar una medida cautelar solicitada por la la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Así lo sostuvo la Cámara Federal de Mar del Plata, al ordenar la reincorporación de un trabajador de ANSES que fue despedido sin causa.
El nuevo sistema establece que las personas que se encuentren en esta circunstancia deben estar a disposición durante su horario laboral en el caso que se le solicite alguna tarea puntual.
Así lo establece la Resolución 3/2023 a cargo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, donde instan a los titulares de las entidades y organismos públicos a intimar dentro de los 30 días hábiles a aquellas personas con las condiciones previsionales.
Este lunes el Gobierno Nacional publicó los decretos 958 y 959/2024 donde implementa nuevas normas al momento de ingresar al Sector Público Nacional.
Lo dispuso el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado mediante la Resolución 26/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial; será presencial, anónima y digital y comprenderá a los organismos del AMBA.
La decisión se dispuso en el marco de un planteo cautelar solicitado por trabajadores de la referida cartera contra la Resolución 376/2024.
A través de la Resolución General 1066/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la CNV avanza sobre lo dispuesto en el Título V -Modernización Laboral-, de la Ley Bases.
La decisión consideró que hubo un accionar estatal ilegítimo y lo condenó a reparar los daños ocasionados, pero moderó la indemnización dispuesta en primera instancia.
La decisión admitió una medida cautelar fundada en la vulnerabilidad de la comunidad LGTB.
La Cámara Federal de La Plata también ratificó la declaración de inconstitucionalidad del Convenio Colectivo de Trabajo que autorizaba al despido sin justa causa de los trabajadores de ANSES, en tanto importa una violación a la estabilidad del empleado público reconocida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La medida cautelar fue adoptada por el juez federal Martín Bava a favor de una empleada de uno de los cincuenta y nueve Centros de Referencia que habían sido cerrados en el mes de marzo.
La decisión judicial rechazó un planteo de inconstitucionalidad de la Ley de Bases en cuanto derogó las multas pero consideró que la reparación se realiza por medio del derecho de daños.
