- lunes 24 de marzo del 2025
El texto contempla medidas de prevención en espacios comunes, comedores y ferias y estipula que deberá garantizarse el acceso al agua potable.
Es a partir de un planteo realizado por el Colegio de Abogados provincial. Días atrás, el Ejecutivo ya había permitido los servicios jurídicos y había aprobado protocolos para la actividad.
Se destaca el procedimiento hacia a la digitalización de los expedientes y las medidas de sanidad y salud para el ejercicio de la profesión. También, determinó el levantamiento de la feria judicial extraordinaria para juzgados de las jurisdicciones de Resistencia, General Roca, Paraná y Mar del Plata.
La medida busca habilitar a la Policía Federal y a la Gendarmería a “despejar los accesos y las vías de comunicación o de transporte” sin orden judicial frente a cortes de rutas nacionales o sujetas a jurisdicción federal. También habilita a que las jurisdicciones requieran del auxilio de esas fuerzas en determinados supuestos.
Expresaron que la norma amenaza derechos políticos al convertir el derecho democrático a la protesta como delito.
El juez Gustavo Pierretti consideró que la resolución del Ministerio de Seguridad no importa una limitación o amenaza a la libertad ambulatoria, y que en caso de que afecte el derecho a la libertad de expresión o de reunión, ello debería reclamarse a través de una acción de amparo.
La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1.
Una decisión del Juzgado Federal Nº 1 de Salta ante el primer planteo contra la ley 27.610
En el DNU que extiende el distanciamiento social hasta el 28 de febrero, el Poder Ejecutivo también fijó los parámetros para el regreso a las clases presenciales.
El personal continuará realizando tareas presenciales con turnos rotativos y se mantendrá la modalidad de teletrabajo.
La resolución se da luego que la Cámara en lo Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo rechazara la recusación del juez Roberto Gallardo.
Fueron aprobados los protocolos presentados por cada una de las jurisdicciones
La medida busca identificar a los hogares que atraviesen procesos de desalojos, estableciendo un marco de actuación institucional.
Se trata de una causa que tiene por objeto el dictado de un nuevo protocolo para el dictado de clases presenciales.
La entidad cuestiona las normas que limitan la actividad de sus afiliados.
La medida permite el desarrollo de los encuentros futbolísticos previstos por Copa Libertadores y Copa Sudamericana para esta semana, así como los entrenamientos de atletas profesionales.
Lo hizo a través de la Resolución 1535/2021, publicada en el Boletín Oficial, que busca actualizar los protocolos sanitarios de acuerdo a los alcances de la Ley 27.610.
Una decisión del juez federal Martín Cormick en una causa iniciada por una asociación del sector.
Dicho protocolo fue elaborado conjuntamente con la Dirección Nacional Electoral y el Ministerio de Salud.
Un análisis en torno a la acordada de la Cámara Nacional Electoral que dispuso las medidas.
La medida apunta a promover ámbitos y relaciones laborales libres de violencias y discriminaciones por motivos de género.
Por falta de legitimación activa. La acción cuestionaba la validez del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.
Tanto asistentes como trabajadores/as deberán acreditar el esquema completo de vacunación contra el COVID-19.
Fue en el marco del Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos, con el objeto de reforzar la asistencia a las fuerzas federales en la persecución de ciberdelitos.
Consideró que el habeas corpus colectivo y preventivo presentado por asociaciones de periodistas no era la vía idónea para realizar la pretensión, ya que correspondía una acción de amparo. Además, remitieron al causa a la Justicia Federal.
Lo resolvió el juez Sebastián Casanello. La medida exhorta al Ministerio de Seguridad a "adecuar la actuación de las fuerzas federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho".
La normativa aprobada por el Ministerio de Seguridad de la Nación es obligatoria para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, y busca fortaceler los procesos de identificación, resguardo, trazabilidad, cadena de custodia y secuestro de potenciales elementos de prueba.
Así lo dispuso el Ministerio de Seguridad Nacional de Patricia Bullrich mediante la Resolución 357/2025; la medida intenta capturar a las personas participantes de la manifestación el pasado 12 de marzo.
