- Tuesday 10 de November del 2026
Tres ideas desde la Constitución Nacional Argentina.
Por Raul Gustavo Ferreyra (*)
Invitado en Palabras del Derecho
El arbitraje1 es una forma de ejercer jurisdicción, además de una herramienta contractual.
En la Argentina, el ordenamiento jurídico reconoce el arbitraje como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Así, las controversias no necesariamente deben resolverse ante los jueces estatales, dado que pueden someterse a árbitros, conforme a las condiciones y límites que fija la ley, los cuales deben asegurar la independencia, la imparcialidad y la versación de los árbitros, todo dentro de las cuatro esquinas de la Ley fundamental.
Un punto de partida
Deseo empezar por el suelo en el que se apoya todo lo que sigue: la Constitución federal de la Argentina. Fue sancionada en 1853, sobre las ideas de Juan Bautista Alberdi, y sigue vigente, con sus reformas, la última en 1994. Es una de las constituciones escritas más antiguas del mundo en vigor. Organiza al país como república federal. De ella surgen las reglas con las que se trabaja: la libertad de contratar, la propiedad, y la defensa en juicio y el debido proceso, que son garantías de los derechos constitucionales.
Hay una regla que pesa sobre todo lo que se discute: el artículo 27. Dice que el Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución. Ese texto rige desde 1853.
Esa Constitución federal tiene un intérprete final: la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dictó su primera sentencia el 15 de octubre de 1863. Desde entonces sus fallos se publican en una colección continua que hoy cualquiera puede consultar gratis, a cualquier hora y desde cualquier lugar con internet.
A la Constitución y a su intérprete se suma una tercera fuente: la doctrina de los autores, que desde el siglo XIX se ocupó del arbitraje. Conviene retener tres ideas: una Constitución federal antigua, una jurisprudencia continua y abierta, y una doctrina de autores. Las tres son parte de lo que hace previsible a una sede arbitral.
Tres estados de cosas y hasta un cuarto
Cuando se habla de arbitraje, según el ámbito de validez personal, no se habla de una sola cosa. Se habla, al menos, de tres estados de cosas.
El primero es el arbitraje entre privados. Rige la autonomía de la voluntad: las partes eligen el arbitraje. El Estado interviene a través de los jueces, para apoyar y para controlar, y el marco es el del Derecho privado.
El segundo es el arbitraje en el que interviene el Estado, nacional o provincial, o un ente estatal. Entran en juego la habilitación legal para someterse a árbitros, el reparto de competencias entre la Nación y las provincias, el control de constitucionalidad y la protección del interés público. Y el marco cambia: las normas del Código Civil y Comercial sobre arbitraje no se aplican, la ley argentina de arbitraje comercial internacional, la Ley 27.449 de 2018, no menciona al Estado, y rigen leyes especiales, tratados de inversión o regímenes como el RIGI, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones creado por la Ley 27.742.
El tercero es el arbitraje entre Estados, como el del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, del que fui árbitro. Su fuente es un tratado, no un contrato.
La diferencia cambia las preguntas. Entre privados, la pregunta es cuánto respeta el Estado la elección de las partes. Cuando el Estado es parte, es cuánto puede ceder de sus atribuciones al elegir esa vía, y con qué control. Entre Estados, es bajo qué principios aceptan una jurisdicción por tratado.
Y hay un cuarto estado de cosas: aquel en que el Estado queda sometido a instancias privadas de arbitraje.
Planteo las siguientes proposiciones iniciales.
Primera: una jurisdicción que nace del acuerdo
Empiezo por el caso Franke, de 1922.2 La ley que concedía un ferrocarril sometía los conflictos con una provincia a tres árbitros, pero el laudo lo firmaron dos. La Corte Suprema de Justicia lo anuló: los dos árbitros se habían arrogado “una jurisdicción que no les había sido conferida”. Era una sentencia sin jurisdicción, un acto jurídicamente inexistente.
Los árbitros ejercen jurisdicción mientras se mueven dentro de lo que las partes pactaron, y dejan de tenerla cuando se apartan de ello.
Conviene precisar qué significa arbitraje institucional. El Código Civil y Comercial argentino lo define así: las partes pueden encomendar la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a una institución, nacional o extranjera. Y agrega: el reglamento de esa institución rige todo el proceso e integra el contrato de arbitraje.
Si el reglamento integra el contrato, integra también el límite de la jurisdicción de los árbitros. Y lo que enseñó la doctrina judicial emitida en Franke sobre salirse de lo pactado alcanza, me parece, al reglamento. Por eso las reformas que hoy se debaten, los procedimientos expeditos, el árbitro de emergencia, el financiamiento por terceros, la digitalización, no son meras decisiones administrativas de cada institución. Moldean el contenido del acuerdo y, con él, los límites de la jurisdicción de los árbitros.
La jurisdicción arbitral nace de un acuerdo derivado de la ley, que a su vez deriva de la Constitución federal. Pero el árbitro puede decidir, no ejecutar: no puede embargar bienes ni usar la fuerza pública. Ese poder, el imperium, en principio, es del Estado, en globo. De modo que el arbitraje depende del juez antes del laudo, para ciertas medidas; después, para ejecutarlo; y cuando se lo impugna. Esa dependencia define cuánta fuerza del Estado se pone al servicio de la justicia privada, y bajo qué garantías. Por eso, para mí, es una cuestión constitucional de primer orden.
Segunda: un control judicial limitado y previsible
Esas garantías protegen derechos constitucionales. La primera es la defensa en juicio, que no desaparece porque el conflicto se resuelva fuera de los tribunales estatales. Cada reforma de reglamento es una pregunta sobre cuánta celeridad es compatible con el derecho a ser oído. Las instituciones pueden acelerar, pero sin recortar esa garantía, que tiene sanción: la parte que no pudo defenderse puede pedir la nulidad del laudo o resistir su ejecución.
En 2004, en el caso Cartellone, la Corte dejó sin efecto parte de un laudo dictado en un contrato de obra pública con una empresa estatal.3 Los árbitros se habían excedido de lo pactado, y la tasa de interés daba un resultado irrazonable. La Corte recordó que la renuncia a apelar no alcanza a un laudo contrario al orden público, y que puede impugnarse cuando es “inconstitucional, ilegal o irrazonable”.
Para muchos, eso fue demasiado: un laudo revisable en el fondo deja de ser definitivo. Después llegó, en buena medida, una etapa de razonable contención: la jurisprudencia volvió a la nulidad, con causales taxativas, sin revisar los méritos.
Hoy, para el arbitraje comercial internacional, la Ley 27.449 ordena esta relación: los jueces solo intervienen donde la ley lo prevé, y se limita la impugnación del laudo a la nulidad, por causales taxativas —que el laudo exceda el acuerdo, que el tribunal no se haya constituido como pactaron las partes, o que una parte no haya podido defenderse—. Las dos primeras son las preguntas que la Corte ya se hizo en 1922. La diferencia es que hoy las respuestas están escritas.
Una sede arbitral no se mide por la ausencia de control, sino por su previsibilidad. El control judicial no debe entenderse como una amenaza: es una garantía de los derechos constitucionales. Quienes eligen el arbitraje lo hacen por una decisión especial a favor de esa forma de ejercer la jurisdicción, y el control debe respetar esa elección, no desconfiar de ella. Pero debe ser limitado y previsible.
Tercera: cuando interviene el Estado
Cuando el Estado es parte, nada de lo anterior alcanza. El caso de 1922 era de este tipo: la jurisdicción arbitral nació de una ley. Y entre Estados, como en el Mercosur, rigen el artículo 27 y, para los tratados de integración, el artículo 75, inciso 24: la Constitución federal autoriza tratados que deleguen competencia y jurisdicción en organizaciones supraestatales, y les da jerarquía superior a las leyes.
El RIGI tiene su propio arbitraje y reglas propias sobre los árbitros. Los árbitros son tres, ninguno puede ser nacional de la Argentina ni del país del accionista mayoritario del vehículo de inversión, y se eligen según las reglas del foro que elija el inversor. Y los procedimientos abreviados y el árbitro de emergencia, dos de las reformas mencionadas, requieren el consentimiento expreso del Estado.
Y entre los foros posibles está el CIADI del Banco Mundial. La Argentina ingresó voluntariamente: firmó el Convenio del CIADI en 1991 y el Congreso lo aprobó en 1994.4 Es el Estado con más arbitrajes en su contra. De ellos, muchos terminaron en laudos de daños contra ella y otros en acuerdos. Las reglas que allí se han aplicado han sido siempre inquietantes y una cancha inclinada para la Argentina.
Una última proposición
Vuelvo al principio, a las tres ideas: una Constitución federal antigua, una jurisprudencia continua y abierta, y una doctrina de autores. Un inversor que evalúa venir a la Ciudad de Buenos Aires mira todo junto: el reglamento de la institución, la ley de arbitraje y los jueces que van a revisar o ejecutar el laudo. Una sede arbitral se elige por seguridad jurídica, por independencia judicial y por reglas claras cuando el Estado es parte. Poder leer, gratis y a cualquier hora, cómo decidieron los jueces durante más de 160 años es parte de esa previsibilidad.
Pero las instituciones tienen que estar completas para funcionar bien. Hoy la Corte Suprema debería tener cinco miembros, pero funciona con tres, y con tres cualquier disidencia obliga a recurrir a jueces ad hoc. Lo mismo ocurre con el Procurador General, que debe actuar ante ella. Es una cuestión argentina, pero con consecuencias para quien evalúa elegir la Ciudad de Buenos Aires. Una Corte con más de 160 años de jurisprudencia merece estar completa, porque el laudo que se impugna o se ejecuta termina, tarde o temprano, ante nuestros jueces.
Y no he dicho una sola palabra sobre la constante legislación, tan abusiva como desmedida, que emana del presidente de la República y que avanza sobre las atribuciones naturales del Congreso. No hay inversionista o gestor de la iniciativa privada que pudiese sentirse atraído por semejante tarea.
Ese es el desafío: sumar, a la calidad de nuestras instituciones arbitrales, con instituciones públicas completas, que den confianza a quien elige venir a la Argentina.
(*) Profesor titular de Derecho constitucional. Doctor en Derecho.
Notas
1. Texto elaborado para las “Palabras de apertura” del Panel 1, “Institutional Arbitration in Latin America: The Perspective of Each Institution”, International Arbitration Conference BA2026 (2.ª edición), Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 5 de noviembre de 2026.
2. CSJ, Provincia de Buenos Aires c/ Otto Franke y Compañía s/ nulidad de un laudo arbitral, Fallos 137:33, 18 de agosto de 1922.
3. CSJ, José Cartellone Construcciones Civiles S.A. c/ Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. o Hidronor S.A. s/ proceso de conocimiento, Fallos 327:1881.
4. Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Washington, 1965), aprobado por la Ley 24.353 (B. O. 2/9/1994).
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