- miércoles 29 de octubre del 2025
El máximo tribunal consideró que el caso no es de su competencia originaria.
Una importante decisión sobre el derecho constitucional de los pueblos originarios.
Admitió que el caso es de su competencia originaria.
Lo hizo al rechazar dos planteos de incompetencia realizados por el Poder Ejecutivo Nacional en dos causas que refieren a la coparticipación de la Ciudad
El Máximo Tribunal, en una sentencia que adhirió al dictamen de la Procuradora Fiscal, consideró que la acción iniciada por la provincia de Mendoza contra privados por el envenenamiento y quemaduras de especies protegidas trata de una cuestión que es predominantemente de derecho local.
Consideró que la cuestión planteada requiere mayor amplitud de debate y prueba que la que posibilita la vía del amparo.
Destacó que no siempre que entren en conflicto los intereses territoriales particulares o estatales y los intereses territoriales de los miembros de las comunidades indígenas, deben prevalecer lo últimos sobre los primeros.
La jueza Niremperger consideró responsable al Estado Nacional por los asesinatos de integrantes de los pueblos Qom, Moqoit y criollos, ocurridos en 1924.
Mediante la opinión consultiva número 29 determinó la especial protección de la dignidad humana de mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, LGTBI y pueblos originarios privados de su libertad
Es la primera acción contra el DNU 70/23 que se interpone directamente ante el Máximo Tribunal.
La demanda se había presentado durante la gestión de Alberto Fernández, el ministro Cúneo Libarona instruyó a abandonarla porque no coincide con los nuevos lineamientos de la política oficial sobre cortes de calles.
A propósito de una trascendental sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos que abandono una doctrina de 40 años.
El 19 de julio de 1924, cientos de integrantes del pueblo Toba fueron asesinados por miembros de la Policía Montada y de Gendarmería. Cien años después, la herida sigue abierta.
Este viernes el Gobierno Nacional puso en funcionamiento el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones mediante el decreto 749/2024.
La Inspección General de Justicia (IGJ) delineó los pasos necesarios para el establecimiento de las Sucursales Dedicadas o Especiales por parte de las sociedades anónimas, unipersonales, de responsabilidad limitada y extranjeras.
Una decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia en torno a tierras del dominio público nacional.
Mediante el decreto 1028/2024 el Gobierno Nacional actualizó el artículo 60 del Título VII Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones de la Ley Bases.
