- miércoles 26 de marzo del 2025
Es la primera acción contra el DNU 70/23 que se interpone directamente ante el Máximo Tribunal.
La Provincia de La Rioja, mediante su gobernador, Ricardo Quintela, demandó al Estado Nacional en competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el dictado del mega DNU 70/23 de desregulación económica. La presentación contó con el patrocinio letrado de los abogados E. Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra.
La acción tiene en miras buscar la declaración de inconstitucionalidad del decreto en cuestión, en razón de producir, a su criterio, perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los arts. 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Asimismo, Quintela solicitó el dictado de una medida cautelar que disponga la suspensión total de efectos del decreto n° 70/2023 y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación a no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa. En ese sentido, planteó expresamente que los jueces de la Corte habiliten la feria judicial de enero del 2024, atento a la gravedad institucional de los efectos de la norma.
Se trata de la primera demanda radicada directamente ante el máximo tribunal, en su competencia originaria, contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que emitió el presidente Javier Milei, en acuerdo general de ministros, publicado el pasado 21 de diciembre en el Boletín Oficial.
El gobernador Quintela, esta mañana y a través de la red X, emitió un comunicado en el que da cuenta de la presentación de esta demanda. Alí dijo que con el DNU "se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales. Por eso, este reclamo que lo hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia".
Ahora la Corte Suprema deberá requerir la opinión de la Procuración General de la Nación para, luego, tratar si acepta la competencia originaria en el caso.
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